El superintendente de Bancos, Pedro Solínes, anunció durante su comparecencia a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, que propondrá a este órgano legislativo que la propagación de rumores falsos sobre la liquidez de una institución financiera sea considerada como delito penal y por tanto sujeta se sanción, dentro del Código Integral Penal.
En este aspecto, recordó lo que sucedió hace un mes en Cuenca con los rumores sobre una posible quiebra de la cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP), ante lo cual sus clientes empezaron a retirar sus depósitos. Por ventaja, dijo el funcionario, tal institución tuvo la liquidez suficiente de USD 55 millones en activos de alta liquidez. Pero al tercer día retiraron hasta USD 52 millones, es decir estuvo al límite de un colapso. “¿Qué hubiese pasado si esa cooperativa tenía USD 10 millones de liquidez? El problema no era solamente para esa cooperativa sino para todo el sistema financiero por el riesgo de contagio”.