25 de July de 2010 00:00

Los campos marginales, fuera de las reformas petroleras

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Redacción Negocios

Aunque el presidente Rafael Correa indicó que el proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos y Régimen Tributario Interno entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, la Asamblea prevé reunirse esta noche para tratar el documento en segundo debate.

El texto difiere del primer informe que elaboró la Comisión de lo Económico, que contenía correcciones mínimas respecto al texto presentado por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente.

El nuevo informe contempla seis cambios en el proyecto.

El más importante se registra en la transitoria primera que determina que se modifiquen todos los contratos petroleros, en un plazo de entre 120 y 180 días, a fin de que pasen del modelo de participación a prestación de servicios.

Pero el texto para segundo debate excluye de esta disposición “a los campos marginales cuya renta petrolera supere el 85% a favor del Estado”.

Es decir, al menos tres de las cinco empresas que manejan este tipo de campos quedarían al margen de la reformas.

Estas son Petrobell, Petrosud y Tecpecuador, justamente las compañías que el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, acusó de tener utilidades “exhorbitantes”.

En días pasados, advirtió que las empresas que manejan los campos marginales lograron excluirse también en otras ocasiones de reformas petroleras como la Ley 42 que reguló la distribución de los ingresos extraordinarios por los altos precios del petróleo.

El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Pequeños Industriales Hidrocarburíferos, Ricardo Barra, señaló ante la Comisión de lo Económico que el rendimiento económico de estos campos marginales ha generado cerca de USD 2 096,9 millones desde el 2000. De los cuales el Estado se ha beneficiado del 91%.

Citado en el informe del segundo debate por la Comisión de lo Económico, Barra aseguró que las compañías que explotan campos marginales rechazan la modificación de sus contratos porque ello pone en riesgo su rentabilidad.

Un segundo cambio del proyecto es la participación de los trabajadores de las utilidades generadas por las empresas petroleras.

Originalmente, las reformas indicaban que el 12% se destinaría para las comunidades que reciban el impacto de la actividad hidrocarburífera, y el 3% restante se repartiría a los trabajadores.

El texto para el segundo debate indica que un 7,5% de las utilidades irá a las comunidades y un 7,5% a los trabajadores.

Un tercer cambio se enfoca en el artículo 7 del proyecto donde se determina que las petroleras deberán presentar garantías bancarias que aseguren el cumplimiento de las inversiones en los campos y reparen posibles daños ambientales.

El proyecto original determinaba una garantía para las inversiones pero no de tipo bancario.

También el nuevo texto dispone que no podrán entregarse o licitarse campos que estén produciendo las empresas estatales.

Los tres cambios restantes están enfocados en la conformación del Directorio de la Agencia de Control Hidrocarburífero; la realización del informe previo a la delegación de explotación y exploración de yacimientos; y la elaboración de los contratos de prestación de servicios que estará a cargo de Petroecuador.

La cifra

USD 2 096 millones han generado cuatro de los seis  campos marginales en el país desde el 2000.

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