Luego de siete horas de análisis, seis asambleístas de la Comisión de lo Económico votaron a favor del informe para segundo debate de la Ley de Control del Poder de Mercado. Dos legisladores se abstuvieron y dos dijeron ‘No’ al texto, durante el debate realizado ayer.
Según el presidente de la Comisión, Paco Velasco, la Ley contiene cerca de 70 modificaciones. Dentro de ellas hay cuatro cambios sustanciales. El primero, en el artículo 33, relativo a la Junta de Regulación, se estableció que este organismo estará integrado por las autoridades de los ministerios coordinadores de la Producción, Política Económica, Sectores Estratégicos y Desarrollo Social.
La segunda modificación se dio en el artículo 76. La concesión o admisión de recursos para falsear, restringir, etc., la competencia, por parte de autoridades administrativas o judiciales, pasó de ser una infracción grave a una leve.
Y además, ahora, solo abarcará a las autoridades administrativas y ya no a las judiciales. De esta manera, se evita que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado se inmiscuya en el trabajo de otra función del Estado.
En tercer lugar, se eliminó del documento la posibilidad para que las autoridades revisen mensajes y agendas personales como parte de las investigaciones por abusos de poder de mercado. Pero, no se modificó la posibilidad de hacer indagaciones en inmuebles y oficinas de los investigados.
Un cuarto cambio se hizo en el artículo 66, relativo a que los actos administrativos no son susceptibles de acción de protección.
Allí se reformó la redacción y se estableció que estos recursos no caben cuando los actos administrativos puedan ser impugnados en la vía judicial, salvo que se demuestre que este mecanismo no fuere adecuado ni eficaz (restricción establecida en la Ley de Garantías Constitucionales, según Velasco). Y se agregó que la investigación de la autoridad no parará pese a los recursos.
Las demás modificaciones fueron de forma y generaron inconformidad en la oposición. Incluso, un asesor legislativo hizo un comentario que irritó a Velasco, quien señaló que no admite argumentos de asesores de asambleístas. Posteriormente se disculpó…
Más adelante, Salomón Fadul y Ramiro Terán propusieron la incorporación de un glosario de términos, pero no fue aceptado porque el oficialismo dijo que sería una repetición de los conceptos que ya constan en la norma.
Rafael Dávila, legislador que tiene voz, aunque no voto en la Comisión, señaló que la Ley incluye temas que no corresponden. “Desde mi punto de vista no se cambió nada”, señaló en referencia a que no se modificó el texto sobre la venta de las tarjetas de descuento por parte de comercios. Él propuso que se elimine esa opción, pero quedó tal cual.
Asimismo, la reformatoria 25, relativa a que un banco no puede estar conformado por sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo, no sufrió alteración alguna.
Puntos de vista
Andy Wright Empresario
‘No obligamos a tener tarjetas de afiliación’
No decimos ‘No’ a la Ley. Lo que nos llama la atención es que el cobro de tarjetas de afiliación se considere como abuso de poder de mercado. No tenemos el poder para pedir que quiten el artículo y acataremos la decisión que se tome. Pero queremos explicar que estas tarjetas tienen su origen en el Código del Trabajo. Las personas que acceden a ellas logran una reducción en el pago de sus compras. No estamos obligando a nadie a que tenga las tarjetas, porque hay decenas de sitios en los que el cliente puede comprar. En otro tema, referente a que la empresa se niegue a comprar a un proveedor si este le vende a la competencia, me parece un insulto. Esas cosas no suceden en nuestra empresa.
Henry Kronfle Dirigente gremial
‘Hay varios artículos que sí nos preocupan’
Las leyes de carácter punitivo deben tener un período de adaptación. Proponemos que este sea de entre 12 y 18 meses. Hay confusión en los conceptos de poder de mercado y posición de dominio. Hay algunos puntos que nos preocupan, por ejemplo, en el artículo 33 no se establecen las facultades de la junta regulatoria. Creo que esta debería estar conformada por organizaciones de la sociedad civil, académicos, un representantes del Presidente, etc. También preocupa el artículo 19 en el que se da a la autoridad de control poder total para requerir información, fijar plazos en los procesos investigativos, etc. Considero, además, que debe haber mecanismos que garanticen la confidencialidad.
Carlos Reyes Farmacéutico
‘Ojalá esta Ley regule la fijación de precios’
Pedimos que se regule la fijación de precios. No es posible que a los grandes monopolios de farmacias se entregue n medicamentos a precios más bajos por cuestiones de volumen y a nosotros no. Hay acuerdos entre los laboratorios, distribuidoras y estos grandes establecimientos que afectan a las farmacias pequeñas. Si esta situación se sigue viviendo, 3 000 establecimientos a escala nacional y 25 000 familias que vivimos de esto nos veremos perjudicados. Esperamos que mediante esta Ley se implementen normas claras para impulsar la competencia, los precios equitativos y el trabajo en iguales condiciones. Estamos dispuestos a denunciar estos problemas ante la futura Superintendencia de Control de Poder de Mercado.
Ricardo Cuesta Banquero
‘El sistema financiero corre un grave riesgo’
La reformatoria 25 excluye del sistema financiero al mercado de valores, de dinero, de seguros y de capitales. Se discrimina al sector respecto a otras industrias. La Ley afectará la liquidez y la solidez del sistema financiero porque se cercenará a los integrantes del sector, se reducirá el número de empresas y la concentración de servicios financieros será mayor. Hoy, el 72% del volumen negociado en la Bolsa de Valores lo mueve las casas de valores de los bancos. Si esto se elimina, el movimiento bursátil va a aminorar y la confianza de los clientes terminará. En el caso de las firmas de seguros, el dinero de los bancos evita los riesgos, por lo q ue sería fatal que alguna sin respaldo bancario no pudiera pagar a sus clientes.