Desde enero del 2013, los aportes de los servidores públicos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se pagarán por los días efectivamente trabajados y no por el mes completo.
Así lo anunció la entidad aseguradora, en base al artículo 73 de la Ley de Seguridad Social del país.
Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), explica que dicha normativa se refiere a los períodos de entrada y salida de los trabajadores. Es decir, que la norma solo se aplica en esos casos y no en el pago permanente de las aportaciones.
“Si alguien entra a trabajar, por ejemplo el quinto día del mes, solo se le aportará por los 25 días de labores y no por el mes completo de 30 días. Lo mismo sucede en el caso de la renuncia de una personas, digamos el 16 del mes. Allí solo se aportará por los días trabajados. Es algo coherente”.
Hasta diciembre de este año, el empleador aún aportará por el mes completo, por más que el trabajador haya ingresado a laborar o haya renunciado el día 20 del mes, por ejemplo.
Con la nueva normativa, el patrono tendrá otra forma de cálculo. Deberá dividir la remuneración para 30 días y multiplicar por el número de días trabajados. De ese monto se aporta a la seguridad social.
Así, si una persona gana USD 1 000, y renuncia tras laborar 16 días, el sueldo sobre el cual se le debe aportar a la entidad aseguradora será de USD 533.
“El porcentaje de aportes que se realiza de los empleados públicos es diferente al de los privados. A los primeros se les descuenta 9,15%, mientras que el Estado aporta con el 11,35%”, dice Iván Nolivos, juez temporal de la Sala de lo Laboral de la Corte de Justicia.
En el caso del ejemplo anterior, al trabajador público le correspondería aportar USD 48,76 y al Estado USD 60,49.
Trabajadores que pidieron la reserva de su nombre, indicaron que están de acuerdo con esto, aunque les llama la atención que en el artículo 73 no se hable, en los incisos, exactamente sobre los aportes en los días efectivamente laborados.
31% aportantes al IESS pertenece al sector público del país, mientras que el 66% es del privado.