24 de June de 2012 00:05

Los burócratas lucen diariamente su mejor ‘look’... con telas importadas

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En plena temporada de restricción de importaciones, una veeduría de los procesos de compras públicas dio a conocer un informe donde se detalla cómo las entidades públicas visten a sus funcionarios con telas importadas.

La veeduría liderada por el presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), Javier Díaz, recoge una serie de supuestas anomalías para favorecer la compra de insumos importados, en lugar de locales.

“Hemos denunciado a las autoridades decenas de casos en donde las entidades públicas han dispuesto pliegos con requisitos muy específicos que dejan al margen a nuestras empresas y favorecen a las extranjeras. Incluso en varios procesos se especifica directamente la adquisición de tela nacional o importada, contraviniendo las leyes ecuatorianas”.

Específicamente, se refiere al Decreto Ejecutivo nro. 258, del 9 de abril del 2007, y los preceptos de la Constitución en su artículo 288 y la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, que estipulan que las compras públicas deben priorizar los servicios y productos nacionales y que deben ser un elemento dinamizador de la producción local.

Según estimaciones del sector, este supuesto favorecimiento en la contratación pública significa dejar de percibir alrededor de USD 7,6 millones anuales y la posibilidad de generar 416 plazas de trabajo en actividades textiles. Mientras que en la confección, eso se resume en USD 12,7 millones en ingresos no percibidos y unos 2 850 empleos no abiertos.

Por ello es que la vigilancia de las empresas del ramo se ha acentuado en los últimos meses y casos como el del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) nuevamente han prendido la alerta.

En diciembre del 2010, la entidad empezó con los pasos para llamar a concurso para la provisión de uniformes para su personal administrativo (alrededor de 10 000 personas) en todo el país, un contrato que bordeaba en ese entonce los USD 4 millones.

Una serie de comunicaciones escritas entre los representantes textiles y el presidente del Directorio del IESS, Ramiro González, permitieron que la industria local ofreciera sus productos para la elaboración de estos uniformes. Esto, una vez que los textileros denunciaran que se “estaría favoreciendo a una firma colombiana, con especificaciones técnicas de telas que el país no produce”.

González aseguró que solo se estaban realizando estudios y, de todas maneras, los funcionarios de esa entidad, hasta marzo del 2011, solicitaron una serie de muestras y especificaciones a un grupo de empresas locales. Pero el concurso nunca fue lanzado en el portal de compras públicas.

Solo es hasta el 30 de abril de este año en que empiezan a aparecer convocatorias para proveer de uniformes a las entidades del IESS, pero por separado. Es decir, se trata de concursos pequeños, por provincias, que hasta ahora suman ya más de USD 700 000 en conjunto. Solo entre abril y mayo se subieron en el portal 18 convocatorias para provisión de uniformes en Chimborazo, Manabí, Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Carchi, Loja, Santo Domingo...

Díaz denuncia que los requisitos técnicos sacan de la puja a las empresas ecuatorianas. “Evidentemente son fichas técnicas de una empresa colombiana en particular. Eso lo denunciamos en el 2010 y ahora vuelve a pasar, pero con contratos pequeños, que al juntarlos ya suman una importante cantidad de dinero”.

De su lado, en el IESS, funcionarios que conocen del proceso, pero que no pueden dar una declaración oficial, señalan que este tipo de convocatorias no tienen anomalías y que se ha seguido el debido proceso para la convocatoria, es decir, que se incluya componentes de origen nacional.

Pero Díaz insiste en que quizás puede estar enmarcado en las normas, pero que éticamente son formas camufladas de favorecer a determinada compañía, dejando afuera a las empresas nacionales. “El problema es que no es el único caso. Y en muchos de ellos no hemos recibido respuestas”.

Al respecto, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública, Jorge Luis González, ha señalado que cada vez que hay alguna observación de un proceso se ha dado seguimiento y se ha dejado sentado a las entidades la obligatoriedad de cumplir con los principios de trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, transparencia, y participación nacional. Por esa razón, el Incop ha dejado muchos contratos sin efecto y otros que se analizan.


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