14 de July de 2011 00:01

Burócratas anuncian paralización

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

Ayer, 38 representantes de los funcionarios de ministerios y entidades estatales se reunieron por dos horas en la sede de la Federación de Servidores Públicos para rechazar el Decreto 813, que estipula la compra de renuncias obligatorias por parte del Estado.

Los funcionarios criticaron, desde las 17:30, la medida que afectaría su estabilidad dentro de las instituciones estatales, y evaluaron una paralización de actividades, cuya fecha se decidirá el martes 19 de julio.

Además, se declararon en sesión permanente y resolvieron instaurar una demanda en la Organización Internacional del Trabajo y emitir una acción de protección en contra del Decreto. En la reunión estuvieron los asambleístas Nívea Vélez y Tomás Cevallos, quienes dieron su apoyo a los burócratas.

Catalina Aulestia, representante de la Asociación de Empleados de la Universidad Central, propuso paralizar las actividades de los funcionarios públicos.

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, en una entrevista concedida a este Diario, explicó que la compra de renuncias es parte del proceso de reestructuración del Estado y por ello se reformó el artículo 47 del reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

Espinosa señaló que la Asamblea Nacional dejó la potestad al Presidente de la República de regular y reglamentar el proceso de compras de renuncias.

Además, enfatizó que “la venta de renuncias se da cuando nace del servidor y la compra de renuncias es cuando nace de la administración”.

Por su parte, Iván Nolivos, abogado especializado en temas laborales, aunque valida el argumento del Ministro alertó que pudo ser un descuido de los asambleístas cuando no tramitaron el tema de renuncias dentro de la misma Ley y dejar que el Ejecutivo lo haga vía decreto.

Nolivos cuestionó la terminación laboral obligatoria que pretende ejecutar el Gobierno, a través de la compra de renuncias.

Espinosa aseguró que ningún trabajador puede salir de su puesto sin que antes se le haya cancelado el total de su indemnización.

El planteamiento del Ejecutivo es criticado por el constitucionalista Milton Castillo. Según el analista, hay una diferencia en la compra de renuncias y en la renuncia o jubilación obligatoria.

La primera fue tratada en la presidencia de Sixto Durán Ballén (1992-1996), cuando se quería reducir el tamaño del Estado. En el caso de este Gobierno se utiliza la Ley de Servicio Público para “obligar a la gente a que se jubile”.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)