La Comisión Europea (CE) aprobó este martes el impuesto a las transacciones financieras (TTF) en diez países europeos, entre ellos España, Italia, Alemania y Francia, con el objetivo de “ engrosar en miles de millones de euros” las maltrechas arcas públicas de los países europeos.
Ahora se necesita que los 27 países de la UE aprueben por unanimidad la propuesta para gravar las transacciones financieras, que luego deberá contar con el visto bueno del Parlamento Europeo (PE) para su entrada definitiva en vigor.
“Con esta tasa podremos recaudar miles de millones de euros que tanto necesitan muchos de nuestros estados en dificultades”, dijo el presidente de la CE, José Manuel Barroso.
“Se trata de justicia”, añadió. “Debemos asegurarnos de que los costos de la crisis son compartidos por todo el sector financiero y que no recaiga únicamente en los ciudadanos europeos”, añadió.
El gravamen a estas operaciones, contribuiría a reducir las especulaciones financieras y estabilizar los mercados, argumentan los defensores de la propuesta. Además el sector financiero terminará de alguna manera pagando -aunque mínimamente- por las convulsiones que provocó en la economía mundial.
Para que el plan de una Tasa a las Transacciones Financieras (TTF) saliera adelante “en un grupo reducido” se necesitaba al menos la aprobación de nueve países europeos.
Y fueron diez países de la UE los que se manifestaron oficialmente a favor de avanzar rápidamente en este tema: España, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Grecia.
Francia y Alemania, amparados por la Comisión Europea, unieron sus fuerzas para poner en marcha la tasa, inspirada en una idea del Nobel de economía James Tobin, en un grupo reducido ante la falta de unanimidad por este tema entre los 27 países de la Unión Europea. En ese caso se tratará de una “ cooperación reforzada ” entre algunos países europeos.
El punto de partida para la futura tasa es una propuesta de la Comisión de septiembre de 2011 que prevé gravar todas las transacciones entre instituciones financieras (bancos, bolsas, fondos de inversión, compañías de seguros, fondos especulativos, etc) .
Con esta propuesta, Bruselas pretende gravar con el 0,1% a los intercambios de acciones y títulos y del 0,01% a los productos derivados.
El ejecutivo comunitario señaló que si esta tasa para gravar todas las operaciones de acciones, bonos y derivados fuera utilizada en el conjunto de la UE se podría alcanzar una recaudación de hasta 57.000 millones de euros.
Pero hay países que han rechazado de plano la idea, entre ellos Reino Unido, país que alberga la principal plaza financiera europea.