El borrador del reglamento a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado fue enviado al Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (Mcpec), el lunes pasado.
El documento fue elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), con el soporte de consultorías contratadas. El borrador será revisado en el trayecto de esta semana por el Mcpec y el Ministerio de Industrias y su aprobación debe hacerse hasta abril próximo, informó este miércoles María Teresa Lara, subsecretaria de Competencia y Defensa del Consumidor.
Lara participó en el III Foro Internacional sobre Competencia y Mercados, organizado por la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) y la Universidad Espíritu Santo (UEES).
Allí, el sector empresarial mostró su preocupación por la falta de socialización del borrador del reglamento, al que plantearon que se agregue un capítulo para establecer un período de transición. También dijeron estar preocupados por las ambigüedades existentes en la Ley.
Heinze Moeller, director del Centro de Investigaciones sobre Competencia de Mercados de la UESS, destacó que en la parte de la tipificación de las infracciones de la Ley hay un exceso de discrecionalidad de las autoridades. Además, hay conceptos generales que deben ser bien definidos. Una de las infracciones se aplica cuando se afecta el bienestar general, peor no se define cómo se evalúa ello.
La subsecretaria Lara reconoció que hay algunos aspectos en la Ley que necesitan ser esclarecidos en el reglamento. De allí que resaltó este tipo de eventos, en donde se pueden intercambiar opiniones y utilizarlas para mejorar la legislación.
“La Ley de Competencias, básicamente lo que hace es controlar a los grandes operadores económicos, porque tienen poder de mercado. Su posición dominante les coloca en una situación en las que en un momento dado pueden incurrir en abusos”, puntualizó.
Henry Kronfle, presidente de la CIG, planteó en el foro que en el reglamento se incluya un capítulo sobre el régimen de transición al que podrán acogerse los empresarios. Dicho período podría ser de mínimo seis meses dijo y en su interino se podría aplicar un proyecto de formación a través de consultorías, avaladas por el Gobierno.
El objetivo es que estas consultoras tengan la potestad de acreditar a las empresas con un documento de ‘buenas prácticas de competencia’.
La empresa que no se acoja a este proceso, se responsabiliza de afrontar las sanciones en caso de infringir la Ley, aunque sea por omisión. “De no ser así, las empresas ecuatorianas no están preparadas para enfrentar la nueva ley y corren el riesgo de ser sancionadas”, expresó Kronfle.
Marcelo Bodero, director jurídico de la CIG, explicó que en la Ley de Competencias, que entró en vigencia en octubre pasado, fija multas elevadas, en comparación al marco regulatorio de Estados Unidos o de países europeos.
Las sanciones fueron definidas de tres tipos en el nuevo marco regulatorio ecuatoriano y -según la gravedad- van del 8%, 10% y 12% del volumen de ingresos de la empresa que cometiera una infracción.
Bodero comentó que la sanción no puede llevar a la eliminación de una empresa. Como referencia, explicó que el promedio de ganancia de una empresa industrial es del 6% anual. “Si la sanción es del 12%, estas empresas morirían”, explicó.
Kronfle y Bodero, sin embargo, dijeron confiar en la participación de los ministros Santiago León (Mcpec) y Verónica Sión (Mipro), para revisar con cautela el reglamento antes de su aprobación. Así como la apertura al diálogo con el sector privado y la Academia.