El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Reforma Tributaria. El objetivo es que la norma sea “expulsada del ordenamiento jurídico”, es decir, que queda sin vigencia.
Dentro del texto se pidieron medidas cautelares para que se suspenda la aplicación de la normativa. “Si la Corte Constitucional cumpliera sus obligaciones está Ley debería ser suspendida en las próximas horas. Ahora, si es que la Corte nuevamente se burla y pone esto en el último lugar de un cajón no pasará nada en los próximos días. Vamos a insistir.”
El empresario hizo este comentario con relación la demora de la CC en tratar los casos. En 2008 la Cámara de Comercio de Quito interpuso una demanda contra la Reforma Tributaria de ese momento, dijo, pero apenas acaban de calificarla.
Las demoras de la Corte se deben a la cantidad de casos que deben analizar. El secretario de la entidad, Jaime Pozo, explicó que la sala de admisión tiene cerca de 900 causas que despachar, por lo que no se sabe si tendrá tiempo suficiente para revisar esta demanda, así como la interpuesta con relación al mismo caso por Gilmar Gutiérrez, (PSP) el pasado viernes.
El problema de tiempo que se enfrenta se debe a que la sala de admisión, integrada por tres jueves, solo opera durante 30 días. Luego se rota a los jueces. En el caso de la que actual su plazo de trabajo termina el 9 de diciembre.
La sala que revise el tema deberá sortear el caso entre los integrantes. Al juez que le toque revisar el proceso se convertirá en ponente y determinará si es admitida o no. En el primer caso se sorteará un juez sustanciador dentro de la Corte para que elabore un informe del caso y lo exponga en el Pleno de la entidad. Este dictará sentencia.
Peñaherrera espera que este proceso se realice con la mayor rapidez e indicó que la publicación de la Reforma en el texto fue un acto inconstitucional pues “se violó el artículo 301 de la Constitución así como otros que ordenan que una ley de carácter económico urgente solo puede tratar un tema y esta es una nueva ley combo”.
Adicionalmente aseveró que “con una ley ordinaria se pretende modificar una ley orgánica, son asuntos de fondo, son artículos que violan la Constitución sobre los cuales la Corte Constitucional tiene la obligación de pronunciarse”, dijo.