El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, explica que 4 700 personas saldrán de las entidades públicas hasta finales de este año.
¿Por qué la ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, señaló que una de las razones de las desvinculaciones de trabajadores fue por actos de corrupción?
No, no. Es obvio que hay servidores que no están con la ética y el comportamiento que se exige. (Soliz) se está refiriendo a esos casos. Me parecen increíbles las cosas que han sacado los medios de comunicación.
¿Por qué?
Todos los días nos dan palo porque no hay buen servicio en los hospitales. Y cuando empezamos a reestructurar eso salen a defender lo indefendible.
El Gobierno generaliza el tema de corrupción
El tema tiene que ver con las quejas por mal servicio. Es el cúmulo de una serie de cosas que van en contra de la ética que demanda la ciudadanía. No vamos a tachar aquí que la gente sale por corrupta.
Eso dijo Doris Soliz en una cadena del Gobierno
Se está descontextualizando. Si se escucha toda su intervención, habló mucho del tema de la eficiencia. De ninguna manera vamos a poner en el mismo saco a toda la gente. A lo mejor fueron personas que no atendían con calidez.
¿Quién definió que existía un mal servicio?
Quien mejor que cada una de las autoridades, los ministros. Ellos son el equivalente a los gerentes en el sector privado.
¿Cómo determinaron quién era ineficiente?
Cada autoridad hizo un análisis en el interior de cada institución, pues conoce quién atiende, cómo atiende, qué perfil debe tener el servidor público… Si usted le pregunta a un servidor patriota le dirá la verdad, le va a decir que la gente que trabajaba al lado suyo estaba en algo medio oscuro, que trataba mal a la ciudadanía, etc.
¿Los propios empleados señalaban quién era eficiente y quién no?
Dependía del tamaño de la institución. Aquí (Ministerio de Relaciones Laborales, donde salieron 130 de 1 000 personas), por ejemplo, yo tenía la referencia. Sabía lo que comentaba el jefe inmediato, pero me aseguré de que sea cierto lo que me decían. La gente fue conocida por mis subsecretarios. Revisábamos y veíamos que ciertas personas no se encuadraban en los procesos.
Hay mucha subjetividad en esos análisis. ¿Hay documentos que avalen el proceso de renuncias?
Fue una decisión de cada una de las autoridades del Estado. Ellos sabían y conocían quién es quién en cada institución.
De las 2 700 personas que salieron, ¿cuántas estaban vinculadas en actos de corrupción?
Lo que dije es que ciertas personas no estaban dentro de la ética que se demanda. De las 2 700 hay de todo.
¿Tiene cifras?
El viernes salieron unas 2 000 personas y hoy (lunes) cerca de 700 personas. Todas por compras de renuncias. Antes ya salieron otras 950 personas por jubilación. A esto hay que añadir que hasta fines de año saldrán 1 100 personas, de las cuales cerca de 800 serán por jubilación y el resto por compra de renuncias.
¿A los 2 700 ya se les pagó la indemnización?
Ya hicimos la transferencia. Habría que verificar si está acreditada hoy o mañana.
¿Cuánto dinero se destinó para las 2 700 personas?
Unos USD 160 millones se pagarán hasta diciembre.
¿Solo para las compras de renuncias?
Para las 4 700 personas que saldrán hasta finales de año.
¿Qué instituciones agrupa el plan de compra de renuncias?
Los ministerios de Salud, de Justicia, Rehabilitación Social, del Interior, de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Obras Públicas, de Agricultura, Banco Nacional de Fomento. También en los ministerios de Relaciones Laborales, de Recursos Naturales no Renovables, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, Dirección General de Aviación Civil, Consejo Nacional de Aviación Civil, Banco Nacional de Fomento y Banco Central.
Testimonios
Fernando Andrade Técnico de mantenimiento Baca Ortiz
‘Me despidieron por sindicalista’
Durante 34 años di mantenimiento y reparé el caldero del Hospital de Niños Baca Ortiz.Este es el corazón del hospital, es una máquina que genera vapor con el cual se lava y se seca la ropa, sirve para el área de la cocina, la central de esterilización, el aire acondicionado y los laboratorios. Ingresé a la casa de salud a los 23 años.Di mi vida a la institución y al bienestar de los niños.
Si la maquinaria lo requería trabajaba fines de semana y feriados. Mi único pecado fue reclamar el pago de horas extras. Por esta razón tuve roces con la gerente y directora. Además, luché por los derechos de todos los trabajadores. Fui secretario de justicia del Sindicato Único de Trabajadores del Baca Ortiz.
Esto disgustó a las autoridades, porque siempre colaboré como secretario de actas y no me conformé con las injusticias. Para mí, el atropello del viernes 28 no fue una renuncia obligatoria sino un despido intempestivo. Pertenezco al contrato colectivo y no entiendo esta medida. Hasta antes de ayer acudí a mi jornada de trabajo, a las 08:30.
Pero las autoridades del hospital dieron la orden a los guardias y me impidieron entrar. Mi último roce con la Gerenta del Baca Ortiz fue porque hace más de un año nos hicieron desalojar el centro infantil Luisa Gómez de la Torre, que logramos obtener hace 28 años, para los hijos de los trabajadores del Hospital. La excusa fue adecuar y mejorar sus instalaciones. Por esta razón nos trasladaron a un espacio frente a la Maternidad Isidro Ayora, pero funcionarios del Instituto de la Niñez y la Familia nos advirtieron que cerrarían el centro porque no estaba equipado y las instalaciones no eran adecuadas para los niños. Reclamé y días después fui despedido arbitrariamente. Me he capacitado en el área de manejo industrial para hospitales.
Jorge Cordones Ex empleado Comisaría Mujer Loja
‘Quiero volver al sector público’
Durante 25 años laboré en el sector público. Mi último cargo fue de abogado de la Comisaría de la Mujer. Antes fui asesor de la Gobernación de Loja por varias ocasiones. También defendí al Estado cuando no había la Procuraduría General del Estado. Además, actué en la asesoría legal en la Intendencia.
En mi trabajo resolvía una causa por día y cuando me despidieron quedaron varias causas pendientes que estaban a mi cargo. Una de tiene que desarrollarse el próximo lunes 7, que es una audiencia de Defensa al Consumidor.
No comparto la forma cómo fuimos separados de los cargos. En materia legal tenemos todos los recursos para la defensa. Cuando se separa a un funcionario público debe existir de por medio un juicio administrativo que se le sigue por una causa determinada. En mi caso no existió esa figura. Por eso me sumaré a las acciones legales previstas para este lunes.
Nunca fuimos evaluados, no se consideró que soy el único funcionario con título de cuarto nivel que laboró en la Gobernación. Ni que he representado al Colegio de Abogados de Loja en eventos nacionales e internacionales. A mis 48 años pienso dedicarme a un estudio jurídico, sea en Loja u otras ciudades. También quiero realizar los trámites correspondientes para vincular nuevamente a la función pública. Quiero ser un juez del Estado. Me he preparado para eso y el Gobierno a mí no me ha pagado mi preparación.
Seguir trabajando es importante porque de mí depende mi único hijo quien estudia arquitectura en la Universidad Técnica Particular de Loja. No me han cortado las manos, sin embargo aspiro a continuar en el sector público. Hasta ahora no he hecho uso de la indemnización depositada en mi cuenta, primero quiero resolver el caso.