21 de June de 2012 00:03

Asamblea apoya la creación del buró público de crédito

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Veinte días más de plazo se dieron los miembros de la Comisión de lo Económico de la Asamblea para analizar “a mayor profundidad” el proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia. La Asamblea tenía hasta el próximo 28 para tomar una decisión, pero la Comisión señaló que el tiempo es corto y aprobó la prórroga.

El proyecto original del asambleísta Fernando Vélez ha mutado radicalmente en su forma, hasta convertirse en una oportuna herramienta del Gobierno para evitar que se expanda el sobreendeudamiento.

Actualmente, el documento aprobado en primer debate por la Asamblea y que seguirá incorporando cambios dentro de la comisión, propone disminuir de seis a tres años el historial crediticio de los clientes del sistema financiero, que los reportes emitidos excluyan la referencia a valores inferiores a 0,15 veces el salario unificado (USD 43,80) y la posibilidad de que exista un buró de crédito operado por una empresa pública.

En este último punto, la Comisión allanó el camino para que sea la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos la que se transforme en una especie de buró público.

La subdirectora de esta entidad, Ruth Santana, cuando ya los miembros de la Comisión arreglaban ayer sus trajes, tras darse por terminada la reunión y posfechando la aprobación del proyecto, solicitó la palabra para ofrecer los servicios de la entidad como buró.

“Tenemos la capacidad tecnológica y operativa para manejar este tipo de información crediticia. Les pido que analicen esta alternativa”, señaló.

La sonrisa del titular de la Comisión, Francisco Velasco, se dibujó inmediatamente, al tiempo que pidió que se incorpore y se analice esta opción en el proyecto. “Es perfectamente posible, se lo puede hacer”.

Esta propuesta, por tanto, deberá acompañarse con una reforma legal que permita el ejercicio de burós públicos de información crediticia, algo que ha sido privado desde el 2005.

Además, el anillo se cierra, ya que la Comisión decidió incluir en el texto que los bancos remitan la información de sus clientes a la Superintendencia respectiva, las cooperativas a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria y las casas comerciales a la Superintendencia de Compañías y Seguros.

Como la Dirección Nacional de Datos Públicos almacenaría toda esta información, el camino para la creación de un buró público está despejado.

Sin embargo, la asambleísta Sylvia Kon mostró sus dudas sobre las seguridades que dicha Dirección ofrece para que la información no sea pública.

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