25 de April de 2012 00:03

Apoyo legislativo a la ley de créditos hipotecarios

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Lo previsible se confirmó en el seno de la Asamblea: un apoyo prácticamente unánime al proyecto de ley de regulación de los créditos de vivienda.

La propuesta económica urgente del Ejecutivo, que deberá ser aprobada o rechazada por los asambleístas hasta el próximo 9 de mayo, no ha pasado de un sobresalto inicial y de la profecía de la banca privada de que, de recibir la venia, las condiciones para conceder préstamos hipotecarios se endurecerán o simplemente se retirarán de esa actividad.

El proyecto estipula que las instituciones del sistema financiero, en caso de que el cliente caiga en mora, no embarguen y rematen otros bienes ajenos a la vivienda hipotecada con el crédito.

Hasta el momento, esta es una facultad que el Código Civil permite. Pero, de aprobarse esta reglamentación, en adelante, si una persona no puede cancelar un préstamo hipotecario, únicamente podrán embargar y rematar el bien inmueble. Y con ello el cliente pagará su acreencia.

Además, el argumento esgrimido por el Ejecutivo es que la nueva ley servirá para prevenir una crisis como la que vive actualmente España, con su burbuja inmobiliaria. Por ello, ayer, en el primer debate en el Pleno, los asambleístas de forma inusual ante un proyecto enviado por el Ejecutivo, apoyaron al unísono la propuesta.

El asambleísta Paco Moncayo, tras realizar un análisis de la crisis inmobiliaria en la Península Ibérica, precisó que “la ley servirá para prevenir un problema similar”.

Betty Carrillo, por su parte, señaló que la propuesta está bien fundamentada y que no afecta a los acreedores, aunque recomendó que se revisen los artículos 2 313 y 23 25 del Código Civil.

Gerónimo Yantalema fue un poco más allá y señaló que no solo es necesario prevenir sino proteger, además, los derechos de los inmigrantes, por lo que pidió resultados de la investigación sobre los 15 000 ecuatorianos afectados por la crisis española.

Más tarde, Marco Murillo insistió en que la normativa sea aplicable para los créditos de hasta 300 remuneraciones básicas (USD 87 600) y no hasta las 500 remuneraciones como está actualmente. Sin embargo, esta propuesta ya fue desechada en primera instancia, antes del debate.

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