19 de April de 2011 00:00

APG no acepta fallo de la Segunda Sala

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Un reclamo laboral de 100 ex trabajadores de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) tiene en apuros a la administración portuaria.

Un fallo del 8 de abril pasado de la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia dispuso que se cancelaran USD 105,1 millones a los perjudicados.

Esa decisión obligó a la APG a presentar una acción de protección para que se aclarara y ampliara el fallo que fue notificado el 11 de abril pasado.

Vicente Pignataro, gerente de la APG, sostuvo que la decisión de los jueces es inejecutable. “Los que reclaman ya fueron liquidados hace 10 años con todos los beneficio de Ley que estaban vigentes ese momento”.

La defensa portuaria también alista una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Solo esperan que se aclare el fallo.

Roberto Gómez, abogado defensor de la APG, dijo que el fallo fue realizado por jueces que no escucharon a las partes en las audiencias en el litigio. “Hay una inseguridad con los fallos que se dictan. Esto es una copia casi textual del fallo que se dio a la Cervecería Nacional, con la diferencia de que ahora se está afectando al Estado”.

Hasta el momento no hay medidas cautelares ni embargo de cuentas. Según Gómez, la APG es una empresa pública y su presupuesto se maneja de acuerdo con el presupuesto que presenta al Ministerio de Economía y no se puede pagar fácilmente.

Pignataro dijo que los recursos que administra son del Estado y no se pueden embargar. “Los recursos están en la Cuenta Única del Estado del Banco Central”.

La APG cuenta con 110 empleados, ya que concesionó sus instalaciones portuarias a Contecon y Andipuerto. Solo se encarga de controlar el movimiento de la carga, inversiones y la gestión portuaria.

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