9 de July de 2010 00:00

La actividad minera se dinamiza en Bolívar

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Redacción Negocios

En el municipio de Las Naves hay división por la minería. Los pobladores de este cantón de Bolívar, que agrupa una veintena de comunidades, aún no cuantifica el impacto de la explotación a gran escala, pero ya han tomado partido a favor y en contra.

En el poblado de Jerusalén, en la frontera entre Bolívar y Los Ríos, una parte de los comuneros teme que la actividad minera contamine el agua y afecte a los cultivos de cacao, banano y naranjas.

En cambio otros pobladores, como Enrique García, tienen gran expectativa sobre los recursos que pudieran venir con la minería.

García abrió las puertas de su propiedad para que la empresa Curimining explorara el subsuelo, con el fin de cuantificar las reservas mineras en la zona.

El terreno de García está en una de las cinco concesiones que entregó el Estado a la empresa minera y que forman parte del proyecto Curipamba, uno de los siete proyectos privados estratégicos dentro del país.

De este grupo, solamente tres -incluido el de Curipamba- han obtenido el permiso para reanudar sus actividades.

Entre septiembre del 2007 y abril del año siguiente, Curimining hizo 51 perforaciones en sus áreas de concesión, las cuales se suspendieron a raíz de la expedición del Mandato Minero, en abril del 2008. La empresa dejó de invertir y redujo su nómina de personal, de 400 a 30.

Luego de 25 meses de paralización, la empresa recibió, el 3 de junio pasado, el permiso del Gobierno para reanudar sus actividades en la zona, donde hay reservas de oro, plata, cobre y zinc.

Las actividades de exploración y perforación de pozos se han reactivado, así como la contratación de 130 personas.

Para este año está previsto perforar 90 pozos para continuar con el plan de exploración, lo cual implicará invertir al menos USD 20 millones, según el jefe técnico del proyecto, Luis Lucero.

Gonzalo Tocta, quien trabaja para Curimining como transportista, cuenta que el 24 de junio pasado llegaron cientos de campesinos de las comunidades de Jerusalén, el Triunfo y Salinas con la consigna de detener la actividad minera de la zona. Eso generó pérdidas por USD 100 000, básicamente por daños en la perforadora, explicó Diego Bastidas, gerente del proyecto de Curipamba.

A unos 300 metros del lugar, decenas de policías instalaron un campamento provisional para controlar que no se repitan los incidentes y proteger las actividades de la compañía.

No es la primera vez que Curimining debe enfrentar la toma de su área de trabajo en Las Naves. La primera vez que campesinos de comunidades cercanas llegaron con consignas antimineras fue en el 2007, cuando rompieron los testigos que se extraen del subsuelo, con información clave para cuantificar las reservas mineras.

Se echaron a perder varios meses de trabajo, dijo Francisco Soria, jefe de Exploración del proyecto, quien añadió que muchos comuneros que están en contra de la minería no son del sector sino que han sido traídos por organizaciones ecologistas.

El alcalde de Las Naves, Froilán Aldás, explicó que un grupo de campesinos teme la contaminación de las vertientes de agua cercanas al proyecto porque no hubo una adecuada sociabilización del proyecto, lo cual es básico para llegar a un entendimiento.

Soria asegura que el agua de la zona no será tocada, porque el proyecto se abastecerá de otro sector. “El agua será reutilizada y tratada antes de ser desechada”.

Los contratos van a negociación

El ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, dijo que a partir de septiembre próximo comenzaría la negociación de una fórmula contractual con las compañías mineras Kinross Aurelian y Ecuacorriente, como fase previa a la explotación de recursos mineros en los proyectos Fruta del Norte y Mirador.

Actualmente, el Gobierno ha definido siete proyectos mineros que resultan estratégicos para el país. Tres de ellos ya cuentan con los permisos para reanudar las actividades de exploración.

Los dos primeros proyectos fueron Fruta del Norte, de la compañía Kinross Aurelian, y Mirador, de Ecsa-Ecuacorriente.

Dominc Channer, vicepresidente de Asuntos Externos de Kinross Aurelian, prevé que a finales de este año y principios de 2011 se negocie el contrato de explotación con el Estado.

La actividad de perforaciones continuará durante todo el 2010, para lo cual se prevé una inversión de USD 44 millones. Es decir, 14 millones más que en el 2009, pues este último año no hubo actividad por 10 meses.

La reanudación de actividades permitió contratar más personal. De un piso de menos de 100 personas, la empresa incrementó su personal a 271 empleados.

Asimismo, el proyecto Mirador se encuentra en la fase final de exploración avanzada. La gerenta de Comunicaciones de la minera, Laura Zurita, dijo que para este año se prevé invertir USD 25 millones, 50% más que el 2009. Con el reinicio de actividades se aumentó 20% el personal, a 400 que trabajan hoy en la empresa.

Las zonas de conflicto con las comunidades

Ríos contaminados en El Oro

El sector minero de El Oro está inmerso en denuncias sobre contaminación ambiental. Las técnicas de procesamiento de oro en el distrito minero Portovelo-Zaruma (oriente de la provincia), con el uso de químicos tóxicos (mercurio, plomo) han tenido reparos de las comunidades. Los habitantes reclaman que los desechos se vierten directamente en los ríos Caleras y Amarillo. Estos atraviesan los cantones vecinos Portovelo y Zaruma y son fuente de agua de riego.

Más líos en Loja

En Loja, las zonas de conflictos mineros se ubican en los límites del Parque Nacional Podocarpus (PNP), donde el Ministerio del Ambiente se encarga de desalojar a los mineros para evitar que ingresen al área protegida. En Zamora Chinchipe, el principal conflicto se presenta en la zona El Zarza, del cantón Yantzaza. Ahí el Ministerio del Ambiente, con ayuda del Ejército, cumple operativos para evitar que los lavadores de oro ingresen a la reserva El Zarza.

El agua preocupa a Cuenca

Decenas de habitantes de Tarqui y Victoria del Portete, en Cuenca, mantienen un frente de lucha desde hace cuatro años contra la actividad minera en Quimsacocha. Allí, la canadiense Iam Gold tiene adjudicadas 8 280 hectáreas para la extracción de oro. Carlos Pérez, de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, argumenta que de las míticas lagunas de Quimsacocha nacen importantes microcuencas que pueden afectarse por la actividad minera.

4 conflictos en Imbabura

En Imbabura existen cuatro problemas mineros, dos de los cuales son con las cementeras Selva Alegre y Lafarge Cementos. Conflictos de licencias ambientales y denuncias sobre tráfico de tierras están de por medio. Así mismo, 11 pobladores del río Chota denunciaron a la empresa Técnica General de Construcciones (TGC), por haber desviado el curso del afluyente. En el valle de Íntag hay un ‘impasse’ por la venta de terrenos que adquirió Ascendan Cooper.

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