1 de April de 2010 00:00

Los acreedores aún esperan tras 12 años

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Redacción Negocios

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Luego de 12 años, las heridas de la crisis financiera de 1998 no se cierran. Aún están frescas en la piel de cientos de perjudicados a los que no se les devuelven alrededor de USD 210 millones, según la veeduría que vigiló este histórico proceso.

El salvataje bancario alcanzó USD 8 200 millones, de los cuales el Estado sigue en la batalla por recuperar, al menos, una parte. Tras largos procesos de saneamiento y liquidación de 33 entidades financieras, el presidente Rafael Correa tomó la decisión de acabar con este capítulo de la crisis. Y para esto se declaró con valor cero los bonos 98-17, que sirvieron para pagar las acreencias.

Pero para Francisco Rocha, analista y ex asesor del Banco Central (BCE), estos bonos debieron ser redimidos al Banco Central por la extinta Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), con lo que cobraba a los banqueros y deudores de la banca cerrada.

Estos papeles significaban para el Estado USD 1 100 millones.

Este Gobierno también fijó el 31 de diciembre pasado como último plazo para concluir con la liquidación de 33 instituciones.

Este objetivo despertó las esperanzas de los clientes que pensaron recuperar su ahorro, pero en la práctica no se cumplió.

Este periódico recibe a diario mensajes como estos: “Me llamo Pablo Chambers, mantenía un depósito en Lincoln Bank, que es parte de Bancomex, y hasta la fecha no se me ha entregado nada”.

“Mi padre, Jaime Terán, tenía unos ahorros en Fondo Visión del Banco Popular y aún no ha podido recuperarlos, de hecho no se sabe nada...”, dice Franklin Terán.

Hasta diciembre, la Superintendencia de Bancos (SBS) ordenó la extinción legal y la conclusión de la liquidación de 28 entidades financieras.

Y hasta ayer, este cierre se extendió a cuatro instituciones: Filanbanco, Progreso, Tecfinsa y Banco de los Andes.

La Mutualista Benalcázar, última en cerrarse el 7 de mayo del 2008, quedó pendiente.

Pero este cierre jurídico, en palabras de Felipe Balladares, presidente de la Junta de Acreedores del Banco de los Andes, “es una farsa”.

Esto lo dice porque a través de la resolución 1427, la Junta Bancaria dispuso el cierre, pero todas las obligaciones inconclusas de los bancos debieron pasar a una institución con capacidad coactiva.

Esta responsabilidad recayó sobre el Banco Central. “Con esto se tapó un hueco, pero se abrió otro y en ninguna parte se garantiza el pago de acreencias”, dice Balladares. La única certeza es que la misma resolución establece que se irá pagando a los acreedores conforme se liquiden los activos transferidos al Central.

Gastón Bolaños, presidente de la veeduría, confía que en el lapso de un año los depositantes recuperen su dinero.

Rocha añade que si bien lo que se dio fue un cambio de liquidador, la ventaja es que el banco tiene buenos antecedentes de recuperación de cartera. Por ejemplo, señala que logró un 97% de cobro de los préstamos de liquidez que entregó durante la crisis a los bancos quebrados.

Mediante un comunicado, la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, defendió este mecanismo usado por otros países, como Uruguay.

Y añadió que “precautela la autonomía” de la Superintendencia como ente de supervisión y “crea una vía segura para la liquidación de los activos a fin de evitar mayores perjuicios a los clientes...”.

Al Banco Central, según dice el comunicado, se pasaron 6 335 juicios coactivos por USD 2 335,9 millones. Y hasta el momento, la Superintendencia dice estar consolidando las pérdidas de las instituciones, para proceder “a tomar a su cargo bienes, acciones y participaciones de las compañías y empresas de propiedad de los accionistas de los bancos”.

Con esto se prevé cubrir parcial o totalmente las acreencias de los depositantes (') y las pérdidas.

Por otra parte, el Ministerio de Finanzas asumió las obligaciones que dejó la AGD, como las incautaciones de bienes de los ex dueños de los bancos. Finalmente, dependerá del Central y de Finanzas que este capítulo se extienda o no otros 12 años.

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