22 de March de 2012 00:05

La academia tiene dos posiciones sobre la minería a gran escala

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La academia está dividida en el debate sobre la minería a gran escala. Por un lado están los investigadores de la Flacso, quienes presentaron el lunes pasado sus críticas económicas, técnicas y ambientales al contrato firmado con la empresa china Ecuacorriente, que llevará adelante la explotación de cobre en el proyecto Mirador.

Ayer fue el turno de la Facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiente de la Universidad Central, donde se destacaron los beneficios económicos de la explotación minera, así como las garantías técnicas, jurídicas y ambientales del contrato.

En el foro denominado “La gran minería y la academia”, los únicos expositores fueron funcionarios de los ministerios de Recursos Naturales No Renovables y del Ambiente, quienes explicaron los detalles del contrato ante un auditorio conformado por estudiantes de Geología, funcionarios de Gobierno, consultores, ejecutivos de Ecuacorriente, etc.

La defensa técnica del proyecto Mirador estuvo a cargo de Jaime Jarrín, profesor de la Facultad de Geología y que formó parte del equipo negociador del contrato con Ecuacorriente. También es director de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), un ente gubernamental que debe supervisar la operación de las empresas mineras en el país.

Con información proporcionador por Ecuacorriente, Jarrín destacó que el yacimiento de cobre en Mirador es único en el mundo, que producirá 60 000 toneladas diarias y que la única opción técnica para su explotación es a cielo abierto, ya que el cobre está casi en la superficie, lo cual hará más fácil remediar el suelo.

En el octavo año de explotación , dijo, la producción aumentará a 120 toneladas diarias.

En respuesta a las críticas de Alberto Acosta, sobre la confiabilidad de las reservas, dijo que estas han sido certificadas con normas canadienses, “muy rígidas”.

A los cuestionamientos presentados por ambientalistas dijo que “en la etapa de explotación no se usará cianuro, mercurio ni metales pesados, tampoco químicos contaminantes ni ácidos”.

El hueco de la mina tendrá un kilómetro cuadrado y la máxima profundidad que alcanzará será de 700 metros.

Asimismo, la relavera, una piscina que almacenarán los residuos de la explotación minera, deberá construirse para soportar un sismo de ocho grados. Reconoció que en el país no existen normas para este tipo de construcciones, por lo que se usará la normativa vigente en Chile.

La explotación de cobre en Mirador dejará a las comunidades, tanto en regalías como en la participación de utilidades, USD 1 140 millones durante los 25 años del contrato, añadió Humberto Andrade, del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, quien destacó que la renta minera para el Estado será del 52%, la mayor en el mundo.

Cada año, la Arcom y el Servicio de Rentas Internas revisarán los balances financieros de Ecuacorriente para verificar que se cumpla esa participación del Estado.

En el contrato firmado, Ecuacorriente debe presentar tres tipos de garantías, dijo Elisa Morán, asesora del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Una es de las casas matrices, equivalente a las inversiones comprometidas: USD 1 1 773 millones.

Otra es ambiental y la tercera es para garantizar las inversiones. Esta última se compensará con el anticipo de USD 100 millones que pidió el Gobierno. Para el primer desembolso del anticipo, por 40 millones, se establecieron 120 días de plazo.

Los técnicos son  insuficientes

“Estoy buscando  20 técnicos en Geología y no los encuentro”, dijo  Jaime Jarrín,  director de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), para ejemplificar que la Facultad de Geología, Minas, Petróleo y Ambiente (Figempa) necesita capacitar a más profesionales para cubrir  las demandas del sector.
 
Víctor Hugo Aguirre, decano de la Facultad, reconoció que el número de estudiantes es insuficiente y que el próximo semestre se duplicarán los cupos para formar nuevos profesionales.
 
Además, solicitó apoyo de las empresas públicas y privadas para capacitar a los profesores, otorgar becas a los estudiantes y  que los alumnos puedan realizar pasantías.
 
La capacidad de control y regulación de  las autoridades fue cuestionada  por  el ex ministro de Energía, Alberto Acosta, quien dijo que no hay una autoridad ecuatoriana que certifique las reservas de cobre en el proyecto de Ecuacorriente.

 Las autoridades reconocen que existe una deficiencia en el personal técnico, pero aseguran que se cuenta con asesoría de Canadá, Chile y Perú. Además, dicen,  hay  tres años para capacitar a la gente, ya que en ese tiempo se  construirá  la mina.

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