Ayer concluyó un proceso de depuración de personal en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), tras el cual salieron 85 trabajadores de esta entidad y de sus dependencias adjuntas.
La medida es parte de la reestructuración del Estado, que inició en octubre del 2010. En esa época se pusieron en marcha retiros obligatorios por edad. Un año más tarde se compró la renuncia a 2 700 servidores. Hasta mayo un total de 4 900 personas salieron del sector público por este mecanismo y 4 100 por jubilación.
Esta vez los empleados dejaron sus puestos de trabajo de forma voluntaria. Los ex burócratas pertenecían al Infa y al Programa de Protección Social (PPS). La ministra Doris Soliz informó que hace dos semanas se convocó al personal interesado a que se inscriba para participar en este procedimiento.
Un empleado del Ministerio recalcó que no se trata de despidos intempestivos sino de renuncias voluntarias, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Servicio Público.
Los ex empleados recibirán sus respectivas liquidaciones con base en remuneraciones recibidas y años de labor. Los funcionarios salientes, en su mayoría, estuvieron vinculados al servicio público entre 22 y 30 años, aproximadamente.
Hace dos meses el ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, señaló que el proceso de reestructuración es permanente. También explicó que no existe un número determinado de personas que vayan a salir del Estado ni que haya “un fondo infinito de recursos” para pagar las indemnizaciones para los empleados.