10 de March de 2010 00:00

400 productores registrados en El oro

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Redacción Machala

El proceso de regularización de los predios camaroneros del país pudiera verse afectado por el Decreto Ejecutivo 261, firmado el pasado 27 de febrero. El documento reforma una serie de artículos al Reglamento General de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.

En El Oro, el proceso de regularización registraba hasta esta semana los mayores avances, con 400 productores registrados.

Ellos ingresaron la documentación y representan entre el 60 y 70% de los camaroneros cuyos predios aún no están regularizados en la provincia, indicó Gustavo Astudillo, jefe de la oficina de la Subsecretaría de Acuacultura en Puerto Bolívar.

Aunque el proceso ha tenido mejor acogida en esta provincia, los cultivadores del crustáceo dicen sentirse contrariados por el Decreto 261. “Hemos participado activamente en el proceso de regularización, informando y capacitando a nuestros socios sobre sus beneficios, pero ahora este decreto es un balde de agua fría”, afirma Wilson Alcívar, presidente de la Asociación de Productores Camaroneros Fronterizos.

El gremio agrupa a 120 pequeños camaroneros de Huaquillas y, según su Presidente, el 100% ya entregó su documentación para que sea revisada. “Como somos pequeños, con recursos limitados, buscamos asociarnos para costear los gastos que implicará tener nuestras tierras en orden”.

Alcívar advierte las consecuencias inmediatas del Decreto. “Estos últimos días nuestros proveedores de balanceado, larvas y otros insumos nos están cerrando los créditos. Dicen que hay incertidumbre en el sector y por eso solo nos venderán al contado”.

En El Oro existen 33 000 ha de camaroneras, según la Cámara de Productores de Camarón. El gremio desconoce cuántos productores pudieran verse afectados por la reversión de sus tierras. No obstante, su presidente, Segundo Calderón, manifiesta que en muchos casos se perderán inversiones de años, conseguidas con mucho sacrificio.

El dirigente también avizora problemas con otra reforma al reglamento. El Decreto 261 reduce de 10 a cinco años el tiempo de concesión del predio otorgado para una camaronera.

Alcívar menciona que lo que han gastado en el proceso de regularización “se irá al traste” si se les prohíbe asociarse para ampliar sus camaroneras. “En esta provincia se invierte un promedio de USD 3 000 por hectárea, pero el costo se puede duplicar si se produce en las islas, por valores como el transporte”.

El gremio espera lograr un acercamiento con el Gobierno Nacional para llegar a acuerdos.

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