7 de February de 2012 00:03

140 ex empleados de Petroecuador preparan su regreso a la estatal

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La Sala Única de la Corte Provincial de Esmeraldas acogió la acción de protección interpuesta por 140 ex trabajadores de Petroecuador y determinó el inmediato reingreso a sus puestos de trabajo.

La acción de protección fue presentada en octubre del 2010, por un grupo de ex empleados de Esmeraldas de la petrolera estatal, a la que después se sumaron trabajadores de Quito y de todo el país.

El objetivo era dejar sin efecto los vistos buenos que recayeron sobre ellos por estar involucrados en el caso Gaspetsa.

Este caso data de septiembre del 2010, cuando el entonces secretario de Transparencia -Juan Sebastián Roldán- denunció un supuesto conflicto de intereses y uso de información privilegiada de 628 trabajadores de Petroecuador por participar del paquete accionario de Gaspetsa.

La empresa tenía vigente un contrato que firmó en el 2005 con Petroecuador para proveerle de gasolina de pesca artesanal destinada a las provincias de Esmeraldas y el norte de Manabí.

Como consecuencia, el entonces gerente de Petroecuador, vicealmirante (sp) Manuel Zapater, pidió al Ministerio de Relaciones Laborales que iniciara procesos de visto bueno. Como resultado, más de 500 funcionarios de Petroecuador fueron separados sin recibir ninguna indemnización.

Luego de ocho meses, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, y el nuevo gerente de Petroecuador, Marco Calvopiña, dieron paso a un arreglo con los trabajadores al destacar que la “sanción no correspondió al tamaño de la falta”.

Así, durante el 2011, cerca de 400 trabajadores de Petroecuador firmaron actas transaccionales para regresar a sus antiguos puestos de trabajo, sin que se levantaran los vistos buenos.

Sin embargo, otro grupo de los empleados despedidos rechazó el esquema de las actas y pidió que se les levantasen los vistos buenos y se les restituyesen todos sus derechos laborales.

Entre ellos, que se les pague el tiempo que fueron separados de Petroecuador, además de que la empresa se ponga al día en sus aportaciones al IESS.

De este grupo forman parte los 140 trabajadores que presentaron la acción de protección en Esmeraldas y sobre la cual tuvieron un dictamen favorable el miércoles de la semana pasada.

Pero este pronunciamiento no fue el único que recibió el pedido de acción de protección presentado por los ex trabajadores en octubre del 2010.

En aquella época, el juez segundo de garantías penales de Esmeraldas, Samuel González, dio trámite al pedido, pero antes de pronunciarse hizo una consulta a la Corte Constitucional. Esta última entidad demoró más de ocho meses en responder.

Para la fecha de la respuesta (mayo del 2011) González fue suspendido y luego de varias recusaciones a los jueces temporales que acogieron, el caso cayó en manos de Osvaldo Guevara, quien el 20 de octubre del 2011 acogió la acción de protección de los trabajadores y ordenó su regreso.

Esta última fue apelada por la Procuraduría en nombre de Petroecuador y subió a la Corte Provincial de Esmeraldas, instancia que la ratificó la semana pasada.

La representante de los trabajadores involucrados, Sandra Carpio, destacó que con el pronunciamiento de la Corte se ha demostrado su inocencia luego de 17 meses, por lo que quedan sin efecto los vistos buenos.

“Vamos a regresar a trabajar con la frente en alto, porque hemos sido reivindicados; los nombres de nuestras familias se han limpiado. Somos trabajadores dignos que dimos en 15, 20 y 30 años una total entrega a la primera empresa del país”.

La Corte de Esmeraldas, sin embargo, no se pronunció en el dictamen sobre el pago a los trabajadores de las remuneraciones que no recibieron por el tiempo que fueron separados y que ascendería a más de USD 1,5 millones.

La defensa de los ex empleados pedirá una ampliación del dictamen respecto de este tema en los próximos días.

El abogado laboralista Joaquín Viteri manifestó que esta sentencia no tiene opción de apelación con excepción de la presentación de Petroecuador de un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional. Ese proceso, no obstante, no deja sin efecto el reingreso de los 140 trabajadores, dijo Viteri.

Este Diario pidió un pronunciamiento sobre este tema al gerente de Petroecuador, Marco Calvopiña, desde la semana pasada, pero no tuvo respuesta.

Testimonios

Adrián Varela/ Ex operador del SOTE

 ‘No tengo jubilación ni seguro; debo USD 25 000’

Trabajé durante 35 años, primero en CEPE y luego en Petroecuador. Me inicié como operador en el SOTE, en Lago Agrio y ascendí a   jefe de  Estación. Pero en septiembre del 2010 me enteré que tenía USD 417 en acciones de  Gaspetsa que  no  autoricé, sino que la Corpam (una de las cooperativas de Petroecuador) había transferido sin que yo lo supiera.

Como resultado me notificaron del visto bueno y me despidieron.  Busqué trabajo  pero por mi edad  (56 años) no me reciben en ningún lado, por  tener  el antecedente del visto bueno.  Ni siquiera tengo el seguro del IESS porque dejé de aportar. Estaba a cinco años de jubilarme .  Actualmente tengo una deuda de  USD 25 000 que he adquirido para mantener a mi familia durante este tiempo.

Luis Benítez  / Ex analista financiero

 ‘Vendí mi departamento para sostener a la familia’

Trabajé desde hace 27 años para CEPE y Petroecuador en Quito, en el área de Compras. Apenas tenía USD 200 en acciones de Gaspetsa de fondos que la Corpam  trasladó sin mi autorización. Mi situación es sumamente difícil, tuve que vender mi departamento para poder mantener a mis tres hijos que  actualmente cursan la universidad.

Uno de ellos tiene capacidades especiales (problemas de motricidad). Por ello está estudiando en la Universidad Católica y recibía rehabilitación, pero desde hace cuatro meses no he podido pagar su terapia. Además, debo pagar la universidad de mi otro hijo, que alcanza cerca de USD 8 000 al año porque estudia medicina. A mis 60 años nadie me ha querido dar un trabajo para subsistir.

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