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10 zonas mineras del país saldrán a remate

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8 de March de 2012 00:03

La hoja de ruta en el sector minero está definida y, si se ejecuta según lo previsto, podrá marcar un nuevo ‘boom’ económico en el país, parecido al que se registró en la década de los 70 con el petróleo.

“Estamos consolidando la minería a gran escala en Ecuador”, decía el lunes pasado Andrés Donoso, del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, en la feria minera más grande del mundo, en Toronto, dos horas antes de que en Quito se firmara el contrato con la china Ecuacorriente.

El mensaje fue directo a los financistas extranjeros, de quienes se espera más de USD 5 000 millones en inversiones hasta el 2016 en los cinco proyectos más grandes que se tiene hasta el momento (ver tabulado).

Francisco Cevallos, quien formó parte de la negociación del contrato con Ecuacorriente, decía también a los presentes en Toronto que, de las 1400 concesiones mineras otorgadas por el Gobierno, el 90% está en manos de empresas privadas. “La minería en el país está siendo desarrollada fundamentalmente por la iniciativa privada”, dijo, en clara señal del interés que tiene el Gobierno para atraer capitales extranjeros a este sector.

Esto fue reforzado por el propio Presidente de la República. Ese día, cerca de las 18:00, la firma del contrato con Ecuacorriente se pudo observar en vivo y en directo en una pantalla gigante en la feria minera de Toronto.

La delegación oficial, junto a empresarios del sector privado, había reservado el salón 206B, de 14:00 a 19:00, para mostrar a los inversionistas que la política minera del Régimen consiguió su primer objetivo: firmar un contrato de minería a gran escala, algo que es muy común en países de la región como Perú o Argentina, pero nuevo en Ecuador.

Unas 30 personas se quedaron en el salón 206B degustando unos bocadillos y escuchando la defensa que hacía el Presidente para avanzar en el desarrollo de una nueva era minera.

Un segundo componente de la hoja de ruta del Gobierno es impulsar las inversiones en las concesiones mineras que estaban aprobadas antes del Mandato Minero del 2008 y que quedaron suspendidas por la falta de reglas claras en el sector.

Unas 15 empresas están en este grupo, las cuales ya reanudaron sus actividades de exploración, pero que todavía necesitan completar la información de los yacimientos, elaborar un proyecto de desarrollo, solicitar los respectivos permisos ambientales, etc.

Estos son requisitos básicos para sentarse a la mesa con el Gobierno ecuatoriano y negociar un contrato de explotación, como lo hizo Ecuacorriente. Estas empresas necesitarán un par de años para llegar a esta última etapa.

Según los datos oficiales, solo el 5% del territorio nacional ha sido explorado, por lo que será necesaria una gran inversión para evaluar el potencial minero del país.

De ahí que el siguiente paso en la hoja de ruta del Régimen será sacar a remate 10 zonas de interés para explorar nuevos yacimientos (ver mapa).

Cevallos anunció que esta subasta minera se realizará en el segundo semestre de este año, cuando ya se encuentren cerradas las negociaciones y, probablemente, firmados los contratos, con las mineras Kinross e IMC.

La agenda minera para este año está copada por las empresas privadas, las cuales prevén invertir mucho más una vez que se han aclarado las reglas del juego.

Dominic Channer, vicepresidente de Kinross, señaló que este año se invertirán USD 80 millones más en el proyecto Fruta del Norte, adicionales a los USD 220 millones que ya se invirtieron en años pasados. “Kinross ve a Ecuador como un país estratégico en el futuro de la compañía”.

Los cálculos del Ministerio de Recursos No Renovables señalan que la inversión minera en el presente año ascenderá a USD 588 millones, de los cuales más del 95% será de empresas privadas.

El anuncio de la licitación de nuevas concesiones mineras se dio hace un año pero el Régimen indicó que el lanzamiento se retrasó por la negociación de los últimos contratos mineros.

Además, en el último año se dio el reinicio en más de 12 proyectos mineros que fueron suspendidos en el 2008 por la expedición del Mandato Minero.

Sin embargo, el sector tiene oposiciones de al menos dos autoridades seccionales: el prefecto del Azuay (provincia con al menos cinco proyectos importantes), Paúl Carrasco, y el prefecto de Zamora Chinchipe (donde se ubican los dos mayores proyectos del país Mirador y Fruta del Norte), Salvador Quishpe.

Este último señaló que el Gobierno Central ha convertido la excepción de delegar este tipo de proyectos estratégicos a las empresas privadas en una regla, contraviniendo la Constitución.

El Gobierno minimiza impactos

La ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga y el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, minimizaron un  informe preliminar de Contraloría que determinó 17 observaciones al proyecto Mirador a cargo de Ecuacorriente. En una rueda  de prensa conjunta, ambos funcionarios    insistieron que el documento no es definitivo ni concluyente y que se han presentado pruebas de descargo respecto a los puntos señalados.

Aguiñaga insistió en que solo una parte de la concesión minera de Ecuacorriente se ubica  en una parte del bosque protector de la Cordillera del Cóndor, pero que el área donde se establecerá la mina y la infraestructura minera no está en la zona de protegida. Añadió que sí ha existido un proceso de difusión y socialización del proyecto  entre las comunidades.

Pástor, en cambio, señaló que las concesiones de Ecuacorriente, Mirador 3 y Mirador 4, sí tuvieron un informe favorable del Ministerio de Defensa en el plazo establecido por la Ley Minera y que no sobrepasa las fronteras del país, como habría señalado el documento de la Contraloría.
Aguiñaga, sin embargo, reconoció que habrá un impacto de retiro de vegetación en cerca de 300 hectáreas (ha), donde se establecerán las instalaciones mineras, pero que serán reforestadas más de 4 000 ha en compensación .

Señaló además que respecto  al impacto del agua habrá un control permanente de su estado y que Ecuacorriente nutrirá un fondo de remediación ambiental con cuotas anuales de USD 2,5 millones hasta el 2030.

Finalmente, ratificó que el Ministerio del Ambiente otorgó en días pasados a Ecuacorriente la licencia ambiental para la fase de explotación en Mirador.
La empresa prevé extraer  desde finales del 2014 cerca de 180 millones de libras anuales de cobre.

El tema laboral

Los titulares   de los derechos mineros están obligados a emplear personal ecuatoriano en una proporción no menor del 80%, según el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.

Las plazas de   trabajo previstas con los proyectos Mirador (Ecuacorriente) y Fruta del Norte (Kinross) alcanzan los 5 600 en la fase de construcción. En la fase de operación se reduce a 1    600 empleos directos.

Ecuacorriente   destacó a través de sus portavoces que los trabajadores chinos que operarán el proyecto serán menos del 20% del total.



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