25 de April de 2010 00:00

8 000 hectáreas de camaroneras serán desalojadas

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Redacción Guayaquil

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El Ministerio de Ambiente y la Subsecretaría de Acuacultura empezaron a desalojar a los administradores y empleados de las camaroneras asentadas en áreas protegidas.La primera intervención se dio el viernes pasado en una de las camaroneras de la compañía Sociedad Agrícola Álamos del grupo Quirola, ubicada en Churute (Naranjal). Se trata de 220 hectáreas que tenían las piscinas en producción, pero la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, dispuso que se abrieran las compuertas para la salida del agua. Aguiñaga llegó acompañada de policías y guardacostas para poder ingresar. Los empleados de la camaronera impidieron el paso y se produjo un enfrentamiento con la fuerza pública.En el operativo también estuvo José Centanaro, subsecretario de Acuacultura, quien señaló que la medida es legal porque se trata de camaroneras ubicadas en áreas protegidas o de reservas de manglar. “La compañía Álamos tiene un acuerdo ministerial de tierras para operar, pero se han extendido sin permiso. Álamos II fue la desalojada mientras que Álamos I sigue operando”.Centanaro sostuvo que se programa un desalojo de 5 000 hectáreas que están en áreas protegidas y otras 3 000 hectáreas que se instalaron luego de 1999. “La idea es reforestar y recuperar las 8 000 hectáreas que se destruyeron por las camaroneras”.Es decir, el 4,6% del total de las camaroneras serán reforestadas en la Costa.El Ministerio de Ambiente alista proyectos de siembras de manglar. Según Centanaro, los usuarios desalojados deben asumir el costo de la reforestación que bordea los USD 650 por hectárea. “En caso de que no asuma el camaronero, el Ministerio tratará de financiarlos”.La semana pasada, los técnicos de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea) empezaron a notificar a 234 camaroneros que suman 3 000 hectáreas que no pueden seguir con sus operaciones porque fueron instaladas luego de 1999. Diego Rodríguez, director de protección Ambiental de la Dirnea, explicó que los desalojos empezarán en dos meses ya que la idea es no perjudicar la producción. “Luego de la notificación, los afectados pueden presentar sus descargos. En caso de que no demuestren sus permisos se les dará plazo para que salgan y así evitar enfrentamientos”.

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