1 de febrero de 2017 20:41

Exgerente de la Cooperativa Acción Rural fue sentenciado a 10 años

Exteriores de las instalaciones de la Corte de Justicia de Chimborazo, situada en el centro de Riobamba. Foto: Cristina Márquez/ EL COMERCIO

Exteriores de las instalaciones de la Corte de Justicia de Chimborazo, situada en el centro de Riobamba. Foto: Cristina Márquez/ EL COMERCIO

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Cristina Márquez

La tarde del miércoles 1 de febrero del 2017, tres exfuncionarios de la liquidada Cooperativa Acción Rural fueron declarados culpables de peculado. Entre ellos, Luis A., exgerente, quien fue sentenciado a 10 años de cárcel.

Ellos salieron de las instalaciones de la Corte de Justicia de Chimborazo, situada en el centro de Riobamba, escoltados por, al menos, una docena de agentes de la Policía Judicial. Y es que en los exteriores del edificio, decenas de socios enfurecidos esperaban al ex gerente.

"No es justo que hayamos tenido que pasar por tanto sufrimiento para poder recuperar nuestro dinero. En la cooperativa deposité el dinero de la liquidación de mi trabajo sólo unos días antes de que quebraran", cuenta Antonio Pérez, uno de los afectados.

Cuando concluyó el trámite judicial, los socios enfurecidos lanzaron piedras y botellas al patrullero que debía escoltar al exgerente. Fue necesaria la intervención policial para disipar a la gente.

Los tres integrantes del Consejo de Administración, que también fueron involucrados en el caso, fueron declarados inocentes.

Mientras que el excontador de la cooperativa, Nelson V., fue considerado coautor del mal manejo administrativo y sentenciado a una pena de 10 años. Y la asistente de gerencia Clemencia S. fue sentenciada a cuatro años de privación de libertad por encubrir el delito.

La Cooperativa Acción Rural fue liquidada en agosto del 2015, después de que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria descubrió que los directivos infringían la Ley de Economía Popular y Solidaria y el Código Monetario.

La cooperativa tenía pérdidas no reportadas por USD 9,6 millones, gastos no registrados, ingresos sin sustento, bienes muebles sobrevalorados, entre otros ilícitos. El cierre afectó a cerca de 45 000 socios de seis provincias. La mayoría de ellos pertenecía a la agencia matriz que funcionaba en Riobamba.

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