3 de diciembre de 2017 00:05

Narcotraficantes intensifican reclutamiento de pescadores

El martes de esta semana, 15 personas se reunieron en Jaramijó, para analizar la situación de sus parientes. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El martes de esta semana, 15 personas se reunieron en Jaramijó, para analizar la situación de sus parientes. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Fernando Medina

La pequeña casa de Rocío quedó estrecha. Adentro hace calor. No hay ventilación. Las mujeres entran con pantalones cortos, sandalias y blusas. Todas llevan una carpeta.

Es martes. Un poco después de las 14:00, en la sala hay 15 personas y la reunión arranca. Una habla de su hijo David, otra de su esposo Luis. Las hijas de Rodolfo y las hermanas de Ernesto también están allí.

Se trata de pescadores artesanales. Ahora, unos están detenidos en cárceles de EE.UU. y otros en Guatemala, Nicaragua, México, El Salvador, Panamá y Colombia.

Sus guardacostas los capturaron, porque luego de ser captados por narcos transportaban drogas en lanchas rápidas.

En la reunión, las mujeres muestran el listado de sus parientes arrestados. Los primeros casos aparecieron en el 2015 y hubo en repunte en 2016.

Para entonces se hablaba de 300 lancheros de Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santa Elena y Los Ríos que habían sido detenidos en el exterior.

En octubre pasado, el Ministerio de Justicia decía que eran 355. Pero ese mismo mes la Secretaría alertaba sobre un reporte de EE.UU. Ese país advertía que la cifra, en realidad, puede ser cuatro veces mayor.

En la casa de Rocío, hace un año apenas eran 18 mujeres las que iban a las reuniones. Cada mes se sumaban otras. Ahora son 92. La tarea de unir a sus vecinos de Jaramijó, un cantón manabita, comenzó en abril del 2015, cuando su hijo David fue descubierto por agentes y llevado a Nueva Jersey.

Desde entonces, cada semana apenas hablan cinco minutos por teléfono. Aún le quedan ocho años de condena.

Cuando logran comunicarse, David pregunta por sus tres pequeños hijos, aunque Rocío tampoco los ha visto desde que se fueron con su madre.

Daniela también tiene a su padre apresado en Washington. Ella apenas ha cumplido 6 años y la última vez que vio a Pedro fue cuando le dijo que salía a las faenas en el mar, para obtener dinero y operarle de una fractura en el brazo.

Ese momento no ha llegado y la pequeña dejó el tratamiento. Los dolores son intensos.

En Jaramijó, no solo en la casa de Rocío se habla de los narcos y pescadores. Además, lo hacen en el Puerto. Los lancheros saben que los emisarios de los cabecillas llegan a discotecas, karaokes y bares, para reclutarlos. Les invitan a un trago y les ofrecen hasta USD 40 000 si en un viaje, de tres o cinco días, entregan la carga ilegal.

En cambio, cuando la faena de pesca es buena pueden ganar hasta USD 100 cada 20 días.

Ese martes, Jorge Castro llegaba al muelle para preparar su embarcación. Él es presidente local de dos cooperativas de pescadores y desde el 2015 ha visto cómo personas que trabajan en el mar de pronto dejaron sus pequeñas casas y compraron otras de dos o tres pisos.

Aparecieron con carros del año y adquirieron terrenos. Las refrigeradoras, cocinas, lavadoras o equipos de sonidos los pagaban en efectivo.

En Jaramijó, los dueños de los almacenes dicen desconocer lo que sucede. Pero los lancheros saben que quienes cobran por el envío de la droga viajan a Manta a comprar los electrodomésticos.

En esa ciudad también hay problemas. El jueves, unas 300 mujeres se reunieron en la U. Laica Eloy Alfaro y, tras dos horas de compartir testimonios, los dirigentes dijeron que las personas que cobraron por llevar droga son extorsionadas por las mismas bandas que los reclutaron en un inicio o que están desaparecidos 100 pescadores que salieron a altamar.

En la Policía de Manabí no hay denuncias. El jefe local de Antidrogas, Freddy Galarza, dice que hay temor y que nadie se queja. Esperanza busca a su hijo hace un año. Era diciembre del 2016 y lo último que le dijo es que volvería en 20 días. Su embarcación nunca salió de Tonchigue, un puerto de Esmeraldas. Desde entonces lo ha buscado en cada pueblo y esta semana estuvo en Manta.

A la Federación de organizaciones pesqueras del Ecuador han llegado casos de cinco provincias. Los familiares han pedido que los busquen. Las únicas pistas que tienen son las versiones de los amigos, quienes han dicho que se fueron con extranjeros.

El esposo de Lorena tampoco aparece hace siete meses. Un compañero le dijo que un día viajó con cinco desconocidos. Ella estuvo en Manta, pero vive en Esmeraldas. Cuenta que “allá la cosa es dura”. Se refiere a las extorsiones.

Las bandas exigen hasta USD 10 000, para no hacer daño a la familia de quienes cobraron por llevar la droga. Amenazan con secuestrar a sus hijos o asesinar a sus parientes. A otros, en cambio, no les pagan completo el dinero ofrecido.

El jueves, a Esmeraldas llegaron servidores del Ministerio de Justicia y 200 mujeres pidieron que repatríen a sus parejas o hijos. Esas autoridades dicen que sí hay ayuda y que entregan información sobre los beneficios que tienen, como la repatriación. En la casa de Rocío eso es lo que más quieren.

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