29 de November de 2009 00:00

Nacen en Madrid, pero no son españoles

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Roxana Cazco Corresponsal en Madrid

Izan Suquillo tiene nombre vasco y nació en Madrid, pero no es español. Sus padres dicen que uno es del lugar donde nace y donde vive, pero para el Estado ecuatoriano están equivocados. La nueva Constitución otorga desde el 20 de octubre de 2008 la nacionalidad ecuatoriana a los nacidos en el extranjero hijos de compatriotas, y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad.

4 792  niños hijos de
familias emigrantes han nacido en España desde  octubre de 2008.

El cambio legal, según el Gobierno, intenta proteger a los descendientes de los emigrantes frente a la situación de apatridia que enfrentaban al nacer fuera de nuestro país.

La anterior Carta Magna únicamente otorgaba la nacionalidad a aquellos de padre o madre ecuatoriana si uno de los dos estaba al servicio del país o de un organismo internacional; o “transitoriamente fuera del país por cualquier causa”.

Es decir, los hijos de ecuatorianos residentes en España carecían de nacionalidad al nacer y eran apátridas. Frente a ello, el Estado ibérico, en su labor de protección a los menores, les otorgaba la española por presunción.

“Estoy molesto con esta medida”, dice el padre de Izan, Óscar Suquillo, mientras espera el turno para inscribirlo en el Registro Civil local, de la calle Pradillo, al norte de Madrid.
Izan, como los 4 792 hijos de ecuatorianos nacidos en la Península desde octubre de 2008 –según el Consulado-, es extranjero en la tierra donde nació.  Debe tramitar un permiso de residencia como cualquier inmigrante y solicitar, si quiere, la nacionalidad por residencia.

Es decir: empezar desde cero. “Es absurdo que mi hijo, habiendo nacido aquí, tenga que hacer los mismos trámites que yo para acceder a la nacionalidad española”, lamenta el   padre de 24 años. Antes, los menores la obtenían automáticamente.

Ahora se ubican en la misma situación de cualquier inmigrante, a excepción de que deben esperar un año, y no dos, para solicitar la nacionalidad.

Así las cosas, tendrán que reunir una larga lista de requisitos, presentar una veintena de documentos y cumplir trámites engorrosos para ser españoles dentro de tres o cuatro años, tiempo que tarda el procedimiento. Con la posibilidad, palpable en esta época de crisis, de que se les niegue. “Ya tenemos bastante con nuestros trámites para que el
Gobierno ecuatoriano nos ponga más. Le pido que nos deje tranquilos a los que estamos fuera, que si salimos de nuestro país es porque no nos daba oportunidades, ahora que no interfiera en nuestros objetivos”, enfatiza Óscar, estudiante de Ingeniería en la Universidad  Carlos III, de Madrid.

Su novia, Zorayda Cueva, de 31 años, es enfermera en una residencia de ancianos y lamenta que su bebé no acceda a los beneficios de cualquier español. Igual  le preocupa tener que pedir permiso “a cada rato” para efectuar las diligencias burocráticas de su primogénito.

El caso del ecuatoriano Cristian Romero y su esposa boliviana Yubinka Moreno es aún más grave: su hijo de un mes de edad no tiene nacionalidad. Frente a las limitaciones de ambas constituciones –según la boliviana, el pequeño tampoco es español- optaron por la nacionalidad del padre.

Sin embargo, Yubinka perdió su pasaporte y el Consulado de su país no tiene especies. Sin ese documento, la sede ecuatoriana no realiza inscripciones.

“He encontrado menos obstáculos en la administración española, que en la ecuatoriana y sobre todo en la boliviana.   Esto es increíble”, se queja Romero, auxiliar de máquinas en un taller de artes gráficas. Deberán esperar dos meses más para que les informen “si la solicitud del pasaporte ha sido aprobada”.

La historia de Cristian y Yubinka no hace más que evidenciar hasta dónde pueden llegar las consecuencias de una medida, que, aunque de buena voluntad, no fue consultada con los potenciales afectados. 

“No es que yo reniegue de ser ecuatoriano. Sin embargo,  nos están complicando las cosas con algo que no tiene sentido, una contradicción”, insiste Óscar.

La misma reacción y similares sentimientos se repiten entre los padres. “Están negándoles los derechos que tiene un español, desde a viajar libremente hasta  encontrar un buen trabajo cuando sea grande”,  reclama Cristian.

Una comisión estudia salidas

La presión social hizo que el canciller ecuatoriano, Fander Falconí, viajara a Madrid en abril de este año para “buscar una solución” al particular.

Pese a todo, lo que quedó claro es que el problema no lo originó el Estado español, sino el ecuatoriano. Y que las expresiones “sapada” y “viveza ibérica” que profirió el presidente Rafael Correa,  no tenían ningún sustento.

Finalmente, los  gobiernos español y ecuatoriano crearon una comisión mixta. El propósito es que esta  sea  la  que estudie las salidas jurídicas, políticas y diplomáticas a este escollo.

Entre las alternativas están la de   aplicar la doble nacionalidad a los recién nacidos en España y que sean hijos de emigrantes  o evitar que los niños tengan que  cumplir  un año de residencia para pedir la nacionalidad, posibilidades que se barajaron. Aún no hay una propuesta definitiva. 

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