Los aportes estatales o subsidios -como los llama el presidente Rafael Correa- que se asignan a los municipios ya no se entregarán más.
Según Correa, esos dineros sirven para ejecutar obras que son de competencia del Ejecutivo. Posiblemente, el efecto no se sentirá este año, porque los cabildos trabajan con un presupuesto prorrogado del año 2013.
Ahora ese no es el mayor problema para los alcaldes, que empezaron sus administraciones este 15 de mayo. Las complicaciones, para la mayoría de municipios que son pequeños, radican en que se sostienen del financiamiento estatal para concretar obras, sobre todo las de agua potable y alcantarillado sanitario.
Sus ingresos por el cobro de impuestos o tasas son muy bajos, porque su población no es tan grande. Las municipalidades tampoco tienen capacidad de endeudamiento. Muchos de los recursos propios se emplean en el pago de sueldos del personal y casi nada les queda para las obras. Tanto es así, que el aporte estatal se invierte en proyectos.
Esa es la realidad de la mayoría de los 221 municipios. Los únicos que pueden sortear esta medida son los cabildos, considerados grandes, como Quito, Guayaquil y Cuenca. De hecho, sus alcaldes han dicho que la eliminación de los aportes del Estado no les causará problemas, porque sus obras están completamente financiadas. Y se entiende porque sus recursos, sus ingresos -sea por impuestos o tasas- son muy altos.
El Gobierno ha dicho que el Banco del Estado otorgará créditos alargando el plazo para el pago, de 7 a 15 años. También se podrán acoger al refinanciamiento.
Más allá de las ayudas y de explicaciones de la influencia del poder central, la finalidad de la reforma parece cifrarse en acrecentar la injerencia en el modelo de las competencias seccionales. Esta nueva visión puede ser consecuencia de la diversa composición política de los organismos municipales, especialmente después de los resultados de los comicios del 23 de febrero.