9 de enero de 2018 15:12

Municipio de Manta dispone investigación por supuesto abuso de poder de concejal

El alcalde de la Manta, Jorge Zambrano, dispuso a la Dirección de Gestión de Talento Humano iniciar un proceso de investigación al concejal que llamó a una agente de tránsito para que "resuelva" una multa por una infracción. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

El alcalde de la Manta, Jorge Zambrano, dispuso a la Dirección de Gestión de Talento Humano iniciar un proceso de investigación al concejal que llamó a una agente de tránsito para que "resuelva" una multa por una infracción. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

Las acciones por un supuesto abuso de poder por parte de un concejal de Manta continúan. El alcalde de la localidad manabita, Jorge Zambrano, dispuso este martes 9 de enero del 2018 a la Dirección de Gestión de Talento Humano iniciar un proceso de investigación.

La indagación es por el comportamiento que tuvo el edil Fernando Pico, quien llamó a la agente de tránsito que multó a su esposa y le exigió resolver aquello en una hora para evitar problemas con él. El caso se hizo viral en redes sociales con la difusión de un audio de dicho diálogo.

Según el Municipio se busca determinar las probables faltas en las que se hubiera incurrido por “esta lamentable actitud, y, de ser el caso, aplicar las sanciones respectivas”.

A través de un comunicado, esa Alcaldía precisó que una eventual remoción del edil es potestad del Concejo cantonal, con el voto de conformidad de las dos terceras partes del Pleno.

No obstante, aclaró que si por el caso que se lo investiga fuera inhabilitado o tuviera incompatibilidad establecida en la Constitución para ejercer el cargo o si llegaran a dictarle una sentencia que se ejecutoríe; esperan que se haya comprobado las causales que motiven la remoción, siguiendo el debido proceso y las disposiciones contenidas en la Ley.

“Se demuestra entonces que no corresponde a una decisión unilateral del Alcalde de Manta de disponer la destitución de un dignatario electo por votación popular”, se puntualizó en el comunicado.

La misiva hace referencia, además, al proceso que abrió de oficio la Fiscalía para determinar posibles responsabilidades y causales para impulsar un proceso formal. La acusación es por tráfico de influencias, cuya sanción es una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. “Respetuosos de las competencias de esta entidad, acataremos cualquier resolución que tome al respecto”.

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