21 de septiembre de 2017 16:42

Municipio considera que no hay evento político en el contrato de concesión con Quiport 

El Municipio de Quito considera que la decisión de Contraloría de fijar tres glosas a Quiport no es un evento político con respecto del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, a cargo de Quiport. Foto: Archivo/EL COMERCIO

El Municipio de Quito considera que la decisión de Contraloría de fijar tres glosas a Quiport no es un evento político con respecto del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, a cargo de Quiport. Foto: Archivo/EL COMERCIO

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Ana María Carvajal

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El Municipio de Quito considera que la decisión de Contraloría de fijar tres glosas a Quiport no es un evento político con respecto del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, a cargo de Quiport.

El secretario de Productividad, Álvaro Maldonado, explicó en la sesión del Concejo Metropolitano de Quito de este 21 de septiembre del 2017 que analizó la notificación que Quiport hizo sobre el tema y concluyó que no se enmarca en las condiciones previstas en el contrato de concesión. El evento político es una de las cláusulas que estipula el contrato y que podría significar su terminación.

Según el contrato, un evento político puede ser cualquier acción u omisión que el país o cualquier autoridad competente cometa que "adversamente cambie la situación legal, económica o comercial del Concesionario, del Proyecto, del Contratista o del Operador o de cualquier subcontratista de ellos, de lo que es o hubiese sido sino hubiera ocurrido dicha acción u omisión".

Quiport notificó al Municipio el 12 de septiembre pasado sobre un supuesto evento político, debido a que la Contraloría emitió cuatro resoluciones el 16 de mayo, en las que informaba su decisión de que la empresa es responsable por el monto total de USD 138,9 millones, por tres glosas, correspondientes a tasas de servicios, inconsistencias de reportes financieros y aportes superiores a la proyección financiera.

Antes del informe de la Secretaría de Productividad, en el Concejo se leyó el comunicado que envió Quiport, según el cual la empresa envió a Contraloría argumentos por escrito que demostrarían que las conclusiones a las que llegó la entidad de control se fundaban en errores de hecho y de derecho.

En el documento leído también se señalaba que en junio, Quiport alertó sobre un posible evento político a las autoridades competentes y que interpuso un recurso de revisión en la Contraloría, pero esta se lo negó y confirmó sus resoluciones en agosto.

La empresa, mediante su comunicado, acudió a una cláusula que le daría a Emsa 30 días para procurar un remedio al evento político que denuncia Quiport, y que este debe restablecer la posición económica y comercial de la empresa antes de que ocurriera este supuesto evento político. Además, la empresa señala que con ese comunicado no renunciaba a su derecho de pedir un arbitraje internacional.

La empresa también envió una notificación sobre el tema a instituciones del Estado como el Ministerio de Industrias y Productividad, el Ministerio de Acuacultura y Pesca, el Ministerio de Agricultura, Secretaría Técnica del Comité para la Construcción y Reactivación Productiva y del Empleo.

Según Maldonado, al Municipio se le informó por el contrato de concesión y al Estado por el de inversión. El Municipio considera que no le corresponde remediar el tema, porque el supuesto evento político tendría que ver con en contrato de inversión y en ese caso sería el Estado el que deba resolverlo.

Además, Maldonado explicó que las resoluciones de Contraloría se derivan del ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y que las emitió en ejercicio de su tarea de control. Sin embargo resaltó que esas resoluciones no están en firme, porque aún es posible impugnarlas por la vía judicial.

También mencionó que estas resoluciones no pueden alterar las condiciones legales, comerciales ni económicas de Quiport "bajo la definición y los supuestos jurídicos del contrato de concesión".
Maldonado explicó que las glosas que Contraloría notificó en cuatro comunicaciones están divididas así:

"Aportes superiores a la proyección financiera acordada para el proyecto del aeropuerto internacional de Quito. Costos y gastos de operación y mantenimiento no cuenta con el sustento correspondiente”. Que describe operaciones realizadas entre los años 2010 y 2013. (USD 134’ 124 972)"

"Tasas por servicios aeroportuarios en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS)”. La cual describe operaciones realizadas en los años 2009 y 2011. (USD 4’557 580)"

“Reporte de ingresos presentan inconsistencias”. Que describe operaciones realizadas en los años 2010 y 2013. (USD 200 157 11)"

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