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Las zonas rojas de la 'pacificación'

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10 de February de 2014 00:02

Venezuela esperará una semana más para conocer en qué consiste el plan de pacificación para mejorar la seguridad.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro había ofrecido hacerlo el sábado último, pero fue suspendido.

El plan contiene algunas estrategias como la negociación con bandas delictivas, instalación de 'zonas de paz', patrullaje inteligente por cuadrantes, una ley de desarme a la espera de reglamento, la ampliación de las comunas y la intervención del Estado en la programación de los medios.

Las medidas llegan por el escándalo que desató el asesinato de la ex Miss Venezuela, Mónica Spear, y su marido Thomas Berry, el 6 de enero en la noche.

El año pasado, Maduro hizo un cambio sustancial en las políticas de seguridad ciudadana de Hugo Chávez: incorporó a los militares a la persecución de la delincuencia en el Plan Patria Segura. Este año convoca a los alcaldes de la oposición para legitimar la estrategia gubernamental y define la respuesta del Ejecutivo como "pacificación", un término ajeno al derecho internacional humanitario pero que tiene un antecedente en Brasil.

A diferencia del caso brasileño, en Venezuela el Gobierno no ha identificado a un enemigo compacto y jerarquizado como el narco, sino una amenaza a la seguridad ciudadana atomizada.

Luis Cedeño, director de la organización Paz Activa, se pregunta si las "zonas de paz" servirán como espacios para actividades de prevención del delito o más bien para militarizar pueblos y ciudades, al tiempo que cuestiona que el Gobierno no revele qué prebendas ofrece a las bandas a cambio de entregar las armas y desmovilizarse. "Si estos acuerdos no son transparentes, será muy difícil convencer a la ciudadanía de que se beneficiará de una nueva política".

El criminólogo Freddy Crespo duda que el desarme ayude a disminuir la violencia dado que el año pasado aumentó la criminalidad a pesar de que se incautaron de 400 000 armas.

"Debería plantearse el debate de legalizar las armas, porque el problema no radica en la posesión sino en el uso que se hace de ellas y en las dificultades que tienen las autoridades para rastrear su actividad".

Crespo considera que la estrategia de dividir a la Gran Caracas y a los altos mirandinos en 158 cuadrantes, y habilitar números locales para que policías y militares atiendan las denuncias en el menor tiempo posible, no será exitosa sin la participación de la ciudadanía.

"Este modelo fue aplicado en Colombia y permitió bajar los índices de delitos porque las comunidades se apropiaron de los espacios públicos".

Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, alerta que delegar las funciones de seguridad en las comunidades implica "privatizar" la protección de un derecho que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos sin importar su afinidad política.

Frente a la prioritaria necesidad de derrumbar la tasa de homicidios, los expertos aseguran que la revisión de los contenidos divulgados por los medios de comunicación aportará poco al control de la criminalidad si no se garantiza el desmantelamiento de incentivos que promueven la impunidad como la corrupción en los cuerpos de seguridad del Estado y las cárceles, o la incapacidad de los tribunales para investigar y procesar a los sospechosos de delitos en los plazos que establece la ley.

  • Militarización en Brasil

La elección de Brasil como sede del Mundial de Fútbol este año y de las Olimpiadas en 2016 le puso fecha de entrega a una tarea aplazada: rescatar a los habitantes de las favelas del yugo del narcotráfico.

  • En el 2008, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro diseñó una estrategia inédita: primero, avisar a los narcotraficantes con una semana de antelación que se avecinaba una intervención policial. Segundo, desplegar fuerzas especiales con equipamiento militar para "limpiar" las favelas de la presencia de grandes capos de la droga y sus jerarquías menores.
  • La paz de 'combos'

Respetar el control territorial de cada banda, detener las confrontaciones, levantar las fronteras imaginarias que impedían el libre tránsito y aplicar la pena de muerte a quien rompiera la tregua fueron las cuatro cláusulas de un pacto de convivencia de los Urabeños y la Oficina de Envigado en Medellín (Colombia). Son dos 'combos' bandas criminales que actúan en la capital de Antioquia y que bajó los homicidios en 26,5% el año pasado.

Las autoridades atribuyen este logro a la desarticulación de 4 bandas y la captura de 1 232 de sus integrantes, y a la inversión en escuelas, hospitales, parques, bibliotecas.

El sociólogo Luis Guillermo Pardo, quien fue asesor de paz del gobierno de Antioquia de 1998 al 2000, advierte que la proliferación de grupos armados cada vez más sofisticados dificulta a las autoridades la intervención en los llamados "pactos de fusil" entre bandas.

En contexto

El ministro de Interior, Miguel Rodríguez, informó de la suspensión de la presentación del Plan de Pacificación anunciada para el sábado, hasta que finalice la gira en materia de seguridad en la que se está reuniendo con autoridades. El plan se lanzaría en esta semana.

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