Los recuerdos de aquellos días en que Colombia era sacudida por atentados y coches bomba regresaron a las mentes de sus habitantes.
Ayer, el puerto de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, fue escenario de uno de los atentados más sangrientos que el país recuerde en los últimos años. Un auto cargado de explosivos estalló en el corazón administrativo de la ciudad, donde funcionan la Alcaldía y la delegación de la Fiscalía.
La explosión se registró a las 09:35, hora de máxima actividad laboral y comercial en esta ciudad costera que, en los últimos años, se ha convertido en una de las rutas preferidas de grupos del narcotráfico. Como resultado fallecieron nueve personas que desarrollaban sus actividades cotidianas, mientras que otras 39 resultaron heridas. En principio se habló de seis muertos y 42 heridos.
Cuatro de las víctimas mortales pertenecían a la Policía y a la Alcaldía de la ciudad. Dos no pudieron ser identificadas por los cuerpos de socorro, pues sus cuerpos quedaron irreconocibles por el poder explosivo del artefacto.
Ante la magnitud del hecho, el Gobierno lució descontrolado y sin pistas certeras sobre el autor del atentado, que también significa un duro golpe para la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe.
En Bogotá, el general Freddy Padilla, comandante de las FF.AA., admitió que no tenía la certeza sobre el autor del hecho, aunque deslizó la posibilidad de que sea la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que en estos días adelanta la liberación de dos secuestrados. Sus declaraciones las brindó minutos antes de partir de manera urgente a Buenaventura, para participar en un consejo de defensa de urgencia, que el
Gobierno convoca en las poblaciones afectadas por la violencia.
El atentado también tomó por sorpresa al presidente Uribe, quien también se encontraba en la capital colombiana en la inauguración de una cita de cooperación regional. El Mandatario se limitó en señalar que tenía muy poca información del suceso, absteniéndose así de responsabilizar a algún grupo en especial.
En medio del caos generado por el estallido, el fiscal general (e), Guillermo Mendoza, lanzó la hipótesis más contundente sobre el posible responsable de la acción criminal.
Sobre el mediodía, dijo que había grandes posibilidades de que los carteles de narcotraficantes que operan en el
Valle del Cauca sean los responsables.
Su argumento es que en los últimos días, tanto la Policía como la Fiscalía General han dado duros golpes a esas organizaciones, que utilizan a Buenaventura para la salida de su mercancía.
Por ello, para el fiscal Mendoza no resulta casualidad que el atentado se haya producido a 20 metros de la oficina de la Fiscalía en el puerto, cuyas instalaciones quedaron gravemente afectadas.
No obstante, el Fiscal no descartó tampoco que la insurgencia de las FARC haya tenido algo que ver con la explosión, ya que esa organización también se ha visto afectada por varias acciones judiciales. Específicamente por la reciente muerte de Iván Cárdenas Carrillo, alias ‘Narices’, quien era su máximo líder en esta parte de Colombia.
A pesar de las hipótesis que se han armado desde las autoridades, ayer quedó en claro que no se tomaron todas las medidas de seguridad para evitar un atentado tan duro como el de ayer.
De hecho, el 12 de marzo, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, comandante de la Región 4 de Policía, había advertido que el Valle del Cauca y Nariño estaban en alto riesgo de ser blanco de una “afectación terrorista”.
Uno de los relatos
Luz Adriana Morales, corresponsal de la cadena Caracol en Buenaventura, estuvo a pocos metros del sitio del atentado y, como resultado de aquello, fue víctima de lesiones leves.
La periodista relató los momentos de pánico que se vivieron en el puerto, cuando ella estaba a punto de ingresar a la Alcaldía a realizar un trámite. “Me caí de espaldas. Sentía que no podía moverme de allí. Caminé pero no sabía para dónde iba. Había gritos, humo y destrozos…”.
El sábado y el lunes serán las liberaciones
La cuenta regresiva comenzó para que se concrete la liberación del secuestrado más antiguo de las FARC, el cabo Pablo Emilio Moncayo, así como del soldado Josué Daniel Calvo. Ayer fue una jornada decisiva en el proceso, pues los integrantes de la misión humanitaria aprobaron los últimos detalles para que el rescate empiece el sábado.
Durante la mañana, la senadora liberal Piedad Córdoba y el alto comisionado para la Paz del Gobierno, Frank Pearl, se reunieron en Bogotá con la Cruz Roja Internacional. Uno de los resultados fue que el soldado Calvo, en grave estado de salud, será liberado casi con seguridad el sábado. Para ello, las FF.AA. suspenderán durante 36 horas sus operativos militares en la localidad donde se vaya a entregar al uniformado.
El cabo Moncayo, plagiado en diciembre de 1997, en cambio, será liberado el lunes. Ese mismo día las FARC también han prometido entregar los restos del mayor Julián Guevara, quien falleció durante su cautiverio.
Córdoba anunció que la guerrilla está dispuesta a dialogar con el Gobierno colombiano. La idea -dijo- es que tres comandantes de las FARC se reúnan con el alto comisionado Pearl, en una zona que determine el Régimen, sin que de por medio haya ningún despeje.