Redacción Siete Días y Agencias
El Gobierno de Valencia, España, intentará disuadir a las mujeres que se disponen a abortar con fotos, videos y ecografías en tres dimensiones de fetos; toda una recopilación de información visual, tanto del proceso de formación de la vida como de los abortos.
Además de informar sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de su decisión, también dará a conocer la ‘trascendencia ética’ de esta acción.
Lo cierto es que la ley ya prevé varias medidas para informar a las afectadas. Además de recoger la obligatoriedad de una estrategia de salud sexual y la formación sexual y reproductiva -que deben desarrollar las autonomías que son las que tienen las competencias en materia de educación- obliga a un período de reflexión.
La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, explicó que tomó una serie de decisiones para evitar “las situaciones y los problemas técnicos” que se pueden suscitar como consecuencia de la aplicación de la nueva ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Para que una mujer pueda abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación que establece la ley en España, deberán haber transcurrido al menos tres días desde que solicitó la intervención.
La nueva ley del aborto marca que la mujer que solicite información debe recibir un sobre con datos sobre la prestación.
La documentación incluye una parte común para toda España con información sobre ayudas a la maternidad, redactada por el Ministerio de Igualdad; y otra que elabora cada comunidad autónoma.
Sin embargo, aunque en el marco de sus competencias la parte que cada región confecciona es libre, la ley marca que debe ser sencilla, objetiva y comprensible. Y, sobre todo, que debe ofrecerse de un modo exento de presión para la mujer.
El Gobierno de Valencia decidió crear un comité de expertos que analice y redacte la normativa autonómica necesaria para la aplicación del derecho a la objeción de conciencia.
Además se constituirá un servicio específico público para dar respuesta a los conflictos y controversias que la aplicación de la norma pueda generar, como en el caso de que una adolescente de 16 años decida abortar.
Este servicio también permitirá coordinar las actuaciones previstas para la aplicación del Programa +Vida, puesto en marcha por el Gobierno para contrarrestar y crear una alternativa a la ley del Aborto.