20 de April de 2010 00:00

Uruguay y Argentina quieren que acabe disputa

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Montevideo.

Uruguay y Argentina aguardan con expectativa el veredicto que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dará hoy sobre una contienda por una planta de celulosa y madera, con la esperanza de poder superar una larga disputa que enfrenta a ambos países.

La controversia por la fábrica de la empresa finlandesa Botnia, en el lado uruguayo de un río limítrofe, llegó hasta el tribunal en el 2006 por una demanda de Argentina. Este país sostiene que el país vecino violó un tratado de 1975 que protege al río al autorizar unilateralmente la construcción de la planta.

A la discrepancia diplomática se sumó una manifestación de ambientalistas argentinos que temen efectos contaminantes de la fábrica y que bloquean desde hace más de tres años un paso fronterizo cercano a la planta, como forma de protesta.

El bloqueo, denunciado varias veces por Montevideo, quebró los estrechos vínculos que tenía la ciudad argentina de Gualeguaychú con la cercana Fray Bentos en Uruguay, cuyos habitantes sueñan con restablecer el tránsito tras el fallo. Ambos países confían en que el tribunal les dará la razón en mayor o menor grado y se muestran abiertos a continuar mejorando las relaciones bilaterales dañadas.

Según medios de Montevideo, los presidentes de Uruguay, José Mujica; y de Argentina, Cristina Fernández, se reunirán en los próximos días para analizar el tema. Ambos mandatarios se encontraron hace dos semanas para avanzar sobre el asunto. Mientras Argentina espera que el fallo deje claro que su vecino violó el tratado sobre el río, al autorizar la obra, Uruguay tiene un moderado optimismo y reitera que la planta no contamina.

“Confiamos (en que) se reconozca el aspecto esencial de esta controversia, que es el estatuto del río Uruguay”, dijo el canciller argentino, Jorge Taiana. La argumentación argentina en La Haya dejó claro que ninguno de los emprendimientos uruguayos debió ser aprobado sin haber previamente puesto en marcha el mecanismo de información y consulta (entre países) previsto en el propio estatuto. El Gobierno uruguayo, por su parte, descartó que el veredicto se incline por resoluciones extremas.

El pequeño país sudamericano defiende la planta, una inversión privada de USD 1 200 millones que produce 1,1 millones de toneladas de pulpa de celulosa al año, y dice que utiliza tecnología amigable con el ambiente.

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