21 de April de 2010 00:00

Uruguay seguirá con la papelera

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Santiago Estrella Garcés

Poco a poco, y desde tempranas horas de la mañana, miles de pobladores de Gualeguaychú (Argentina) se alistaban para escuchar la sentencia de la Corte Internacional de La Haya sobre la instalación de la fábrica de pasta de celulosa Botnia, en las márgenes uruguayas del Río Uruguay, cuya soberanía y cuidado ambos países comparten.

Con 13 votos contra uno, la Corte resolvió que Uruguay “no respetó la obligación del apartado 7 del estatuto de 1975”, que obliga a informar a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) la construcción de la planta de capital finlandés en el 2005, cuando aún eran presidentes el uruguayo Jorge Battle y en Argentina gobernaba Néstor Kirchner.

Sin embargo, el juez Peter Tomka, encargado de leer la sentencia, dijo que “Uruguay no ha incumplido con sus obligaciones sustantivas del estatuto”, que son la protección de las aguas del río y su navegabilidad.

En ese sentido, la causa argentina fue desechada, pues la Corte “no encontró pruebas de que la pastera use procesos contaminantes” y que “no hay evidencias de que hayan introducido sustancias nocivas al río”.

Además, se declaró incompetente para fallar sobre los malos olores y el impacto turístico.

Así, la resolución es que la Caru intensifique los controles ecológicos en la zona. Permite que Botnia continué funcionando porque no encontró razones para su cierre, y que, de aquí en adelante, cualquier acción industrial que se quiera realizar en la zona, deberá ser negociada por las partes.

El fallo fue recibido con satisfacción por las delegaciones argentinas y uruguayas en La Haya porque de algún modo toma en cuenta las dos partes: Uruguay violó el tratado, postura argentina, pero no hay pruebas de contaminación del lado uruguayo.

Las cancillerías de ambos países ya se encuentran afinando detalles de una cumbre bilateral para fortalecer el Caru y profundizar relaciones que han sido históricas entre los dos.

Otro fue el panorama en Gualeguaychú, en donde este fallo inapelable fue rechazado en su totalidad. Los asambleístas ambientales consideraron que se impuso el poder del dinero al ver a Botnia como el verdadero beneficiado por continuar operando. Todos, además, recurrieron a un símil: “es como si violaran a tu hija y luego el juez permite que el violador siga viendo a tu hija y se quiera casar con ella”, indicó un asambleísta con furia a la prensa.

“La verdadera violación es el mamotreto ese que está ahí”, dijo Daniel Reyes, otro militante de la Asamblea que hoy realizará una reunión para ver qué medidas tomar, además de la gran marcha hacia el puente que une esa ciudad con Fray Bentos, el 25 de abril. Advirtieron además que no van a levantar el paro.

El ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez, quien fue el que más tuvo que liar la crisis diplomática con su vecino, se negó siempre a hablar sobre el tema si no levantaban el corte de la ruta. “No se tocó el tema de los cortes de ruta porque no es de competencia del Tribunal”, dijo Susana Ruiz, jefa de la delegación argentina.

Las fechas importantes del problema

15 de abril del 2005: Jorge Battle, presidente de Uruguay, autoriza la construcción de la planta de celulosa finlandesa Botnia, que comienza a construirse el 15 de abril del mismo año, con una inversión de USD 1 100 millones.

6 de mayo del 2005: el presidente argentino, Néstor Kirchner, y su par uruguayo, Tabaré Vázquez, crean un Grupo Técnico Bilateral de Alto Nivel para estudiar el asunto.

3 de enero del 2006: la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú inicia por 45 días los bloqueos al puente General San Martín, que une esa ciudad con Fray Bentos, sobre el río Uruguay.

11 de marzo del 2006: Kirchner y Vázquez anuncian en Chile dos citas para negociar un salida a la controversia, durante los cuales Botnia debería suspender las obras y terminar los cortes en el puente. El acuerdo fracasa.

4 de mayo del 2006: Argentina demanda a Uruguay ante la Corte de Justicia de La Haya por violación del Estatuto del Río Uruguay. 5 de abril del 2010: se reúnen los presidentes Cristina Fernández y José Mujica, quienes se comprometen a respetar el fallo.

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