Palizas, violaciones, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, quemaduras, largos períodos en posturas dolorosas. Estos son algunos de los métodos usados en muchos lugares del mundo para lograr confesiones, obtener información, silenciar a la disidencia o amedrentar a las víctimas.
Tres décadas después de la adopción por la ONU en 1984 de la innovadora Convención contra la Tortura, los gobiernos de todo el mundo han traicionado sus compromisos de acabar con estas prácticas, denunció ayer Amnistía Internacional (AI) en su reporte anual.
En el informe, presentado ayer en Londres, AI investigó a 142 estados (de los 155 que han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU). La organización observó que al menos 79 de ellos siguen torturando en 2014, más de la mitad de los Estados Parte de la Convención.
Según Salil Shetty, secretario general de AI, se trata de una “crisis que no solo afecta a países dominados por dictaduras, sino que también se extiende a las democracias, a todo tipo de espectros políticos y que se está produciendo en cada esquina del mundo”.
En los últimos cinco años, Amnistía ha denunciado formas de tortura y tratos vejatorios en al menos 141 países, aunque, debido a que los gobiernos intentan encubrirlo, probablemente el número real sea más elevado.
En varias naciones se recurre a esas formas de castigo de forma rutinaria y sistemática, al tiempo que en otras se habla de hechos aislados y excepcionales, en todo caso “inaceptables”, señaló Amnistía.
Amnistía detalló casos específicos: en México el Gobierno alega que la tortura es la excepción y no la norma, pero en realidad, los abusos a manos de la Policía y las fuerzas de seguridad están generalizados y quedan impunes.
Miriam López, de 31 años y madre de cuatro hijos, fue secuestrada de su ciudad natal de Ensenada por unos soldados vestidos de civil que la llevaron a un cuartel militar. Estuvo recluida allí una semana, durante la cual la violaron tres veces, la asfixiaron y la electrocutaron para obligarla a confesar su implicación en delitos relacionados con las drogas. Han pasado tres años, pero ninguno de sus torturadores ha respondido de sus actos ante la justicia.
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En Filipinas, la justicia está fuera del alcance de la mayoría de los supervivientes de la tortura. Hace poco se descubrió un centro de detención secreta donde la Policía maltrataba a los detenidos “por diversión”.
Según los informes, los policías hacían girar una “ruleta de la tortura” para decidir cómo maltrataban a los detenidos.
En Marruecos y Sahara Occidental, rara vez se investigan las denuncias. Las autoridades españolas extraditaron a Alí Aarrass a Marruecos a pesar de la posibilidad de que fuera torturado. Fue recogido por unos funcionarios de los servicios de inteligencia que lo llevaron a un centro secreto de detención.
Aarrass dice que ahí le aplicaron descargas eléctricas en los testículos, le golpearon en las plantas de los pies y lo tuvieron horas colgado de las muñecas.
Según Aarrass, los policías lo obligaron a confesar que ayudaba a un grupo terrorista. Aarrass fue declarado culpable y condenado a 12 años de cárcel basándose en esa “confesión”.
En Nigeria, la Policía y el Ejército usan la tortura de forma habitual. Cuando Moses Akatugba fue detenido por los soldados tenía 16 años. Según su testimonio, lo golpearon y le dispararon en la mano. La Policía lo colgó de las extremidades durante horas en una comisaría. Moses dice que lo torturaron para que firmara una “confesión” en la que reconocía haber participado en un robo. En 2013, después de ocho años esperando sentencia, fue condenado a muerte.
La tortura más usual en África es la utilizada para “obtener confesiones” en los centros de detención: los arrestados son golpeados, atados en posiciones dolorosas, colgados del techo o abusados sexualmente en países como Etiopía, Gambia, Kenia, Mali, Senegal, Sudán y Zimbabue.
En Latinoamérica, AI destaca que los maltratos a manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad se han convertido en rutina en Venezuela, Brasil, Chile y México, donde la tortura está rodeada por un manto de impunidad. En el caso de Venezuela, AI afirma que ha recibido “decenas de denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad en el momento de la detención, durante el traslado” a dependencias policiales.
AI cita el caso de José Manuel Carrasco, de 21 años, detenido en las manifestaciones estudiantiles contra el Gobierno en la ciudad de Valencia el 13 de febrero. Además de ser golpeado en la comisaría, le sodomizaron con un objeto, denunció.
En contexto
Desde la llamada ‘guerra contra el terrorismo’, el uso de la tortura, particularmente en Estados Unidos, se ha vuelto más normal como parte de las expectativas sobre seguridad nacional, indicó ayer Amnistía Internacional. La ONG promueve la campaña “Stop torture”.