La condena de 30 años de prisión al coronel (r) Alfonso Plazas, por la desaparición de 11 personas en la toma guerrillera de 1985 del Palacio de Justicia, ha provocado una tensión entre el Ejecutivo y la Corte, que la comunidad internacional sigue con atención.Ayer, el presidente Álvaro Uribe continuó con sus cuestionamientos a la Justicia, a quien la víspera le había exigido un proceso independiente para el ex oficial. Señaló que la sentencia pone en riesgo el proceso de paz que se firmó con el M-19, el desaparecido grupo guerrillero que asaltó la sede de la Justicia hace casi 25 años. Sus palabras, al parecer, tienen relación con el anuncio de la defensa del coronel Plazas, que pedirá a la Fiscalía que se declare al asalto al Palacio de Justicia como un delito de lesa humanidad. Si esa propuesta prospera, todos los miembros amnistiados del M-19 que participaron en ese episodio nuevamente pueden ser procesados.Ante la postura crítica del Ejecutivo frente al fallo judicial contra Plazas Vega y el pedido de ayuda de la Corte, la comunidad internacional exigió ayer al Presidente que se abstenga de seguir interfiriendo en el caso. Desde Ginebra, Navy Pillay, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, exhortó al Gobierno colombiano a “respetar” y “acatar” la sentencia de la jueza Stella Jara. “Elogio la decisión de la justicia colombiana, que supone un paso importante para luchar contra la impunidad y pido al Gobierno colombiano que apoye y respete la decisión”, señaló. Pillay agregó que es necesario que se brinden todas las protecciones para la jueza Jara, quien ha recibido amenazas por su participación en el proceso contra Plazas Vega. Desde Londres Amnistía Internacional solicitó al Gobierno que no “proteja” a militares que son juzgados por violar los derechos humanos.