Diez personas fueron detenidas el domingo tras investigaciones que llevaron a la desarticulación de una supuesta red de agentes que espiaban desde hace 20 años para Rusia, informó este lunes el Departamento de Justicia en Estados Unidos.
La operación fue resultado de una investigación de años por parte del Buro Federal de Investigaciones (FBI). Según un comunicado, la presunta red de espías montada en EE.UU. servía para “reclutar fuentes y recolectar información para Rusia”. Los datos eran enviados de un computadora portátil a otra a través de una red electrónica secreta.
Ocho detenidos están acusados de llevar a cabo “misiones de largo plazo” y “profundamente encubiertas”. Otros dos, por considerar que también, “participaban del mismo programa ruso”.
Según el Ministerio de Justicia, ‘Richard Murphy’ y ‘Cynthia Murphy, fueron detenidos en su residencia de Montclair, Nueva Jersey. Una persona cuyo nombre verdadero sería Vicky Peláez y otro “conocido como ‘Juan Lázaro”’ fueron arrestados en Yonkers, Nueva York, mientras que ‘Anna Chapman’ fue detenida en Manhattan, en la misma ciudad.
Otros dos “conocidos como ‘Michael Zottoli’ y ‘Patricia Mills’”, fueron detenidos en Alexandria, en Virginia, y “Donald Howard Heathfield” y “Tracey Lee Ann Foley”, en Boston, Massachusetts.
Un detenido en Arlington, cerca de Alexandria, y fue identificado con un nombre ruso: Mikhail Semenko. Un tal “Christopher R. Metsos” sigue prófugo.
El Ministerio de Justicia presentó cargos contra los 11, en dos causas diferentes. Se los acusa de “conspirar para actuar como agentes ilegales de la Federación Rusa en Estados Unidos”, porque -explicó el Ministerio, “la Ley prohíbe” que agentes extranjeros se desempeñen en el territorio nacional “sin notificar previamente” a las autoridades.
Nueve de los detenidos (todos menos Chapman y Semenko) fueron acusados además de “conspiración para cometer lavado de dinero” .
Según se informó, las causas se desarrollarán ante un tribunal federal de Nueva York, donde corren el riesgo de ser condenados hasta a cinco años de prisión por actuar como agentes sin permiso y hasta 20 por lavado de dinero.