El Senado chileno calificó este martes, 28 de enero, de “arbitraria” la resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que modificó la frontera marítima entre Chile y Perú, al aprobar un acuerdo sobre su posición tras el fallo.
“Esta determinación de la Corte es arbitraria y carece de todo fundamento jurídico”, afirmó el proyecto, aprobado por 25 votos a favor y uno en contra al final de una sesión especial dedicada a analizar los alcances de la sentencia.
Los senadores además lamentaron “profundamente” que la CIJ haya modificado el límite marítimo.
En su fallo, el tribunal reconoció la existencia de una frontera marítima que sigue el paralelo -como lo planteaba Chile-, pero fijó su extensión solo hasta las 80 millas. A partir de ese punto, trazó una línea equidistante hasta las 200 millas, acogiendo la tesis peruana.
La sentencia determinó la pérdida para Chile de derechos económicos sobre un área de hasta 22.000 km2.
El canciller chileno, Alfredo Moreno, y el agente especial ante la Corte de La Haya, Alberto van Klaveren, asistieron a la sesión especial del Congreso.
En la declaración, los senadores afirmaron asimismo que tras el fallo “no hay temas limítrofes pendientes entre Chile y Perú”, consideración que “deberá ser parte necesaria de la implementación del fallo”.
Más temprano, Van Klaveren afirmó que el fallo salvaguardó los intereses económicos básicos chilenos y el acceso del país al mar peruano, tras entregar una versión oficial de la sentencia al presidente Sebastián Piñera.
Por otro lado Perú ya inició los trabajos de cartografía luego de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que modificó la frontera marítima con Chile, informó este martes, 28 de enero, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.
“La Marina de Guerra del Perú ya comenzó los trabajos de cartografía, tras conocerse el fallo de La Haya sobre la delimitación de la frontera marítima con Chile”, dijo Villanueva
“Se tiene que hacer cotejos y coordinaciones pero no negociaciones, ni formación de comisiones” con Chile, dijo Villanueva a América Televisión.
Para Chile, tras la sentencia Perú debería ajustar su legislación para adherir a la Convención del Mar de las Naciones Unidas, que consagra derechos económicos, aunque no soberanía -como hasta ahora sostiene Lima- para el mar ubicado desde las 24 millas de la costa hasta las 200.
Villanueva sostuvo que la legislación peruana, acorde con el fallo de La Haya, será “solo de adecuación, sin que sea necesario emitir normas especiales”.
Asimismo, informó que se tiene previsto enviar barcos de investigación a la zona adquirida y realizar acciones operativas junto al Ministerio de la Producción y el Instituto del Mar del Perú.
Hasta ahora, los gobiernos de Perú y Chile han expresado pública y reiteradamente su acatamiento a la decisión de la Corte de La Haya.
Mientras tanto Bolivia entra en escena ya que el Congreso anunció este martes, 28 de enero, la formación de un grupo de apoyo al equipo del gobierno que tramita ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya una demanda contra Chile por una salida al océano Pacífico.
“Se ha decidido que se conforme una comisión de ambas cámaras que estén en constante acompañamiento, vigilancia y coordinación con las comisiones” que llevan adelante el litigio desde el año pasado, dijo el presidente del Senado, Eugenio Rojas, en conferencia de prensa.
En abril de 2013, Bolivia demandó a Chile ante el tribunal internacional de para obligarle a negociar la entrega de una salida soberana al mar.
El fallo de CIJ celebrado por Perú como un triunfo sobre Chile, motivó que el presidente Evo Morales dijera que su país espera que el tribunal actúe en el deferendo entre Bolivia y Chile con la misma equidad que en el caso peruano-chileno.
Bolivia reclama a Chile una salida al mar desde hace más de 100 años, tras perder en 1879 120.000 km2 y 400 km de costa sobre el océano Pacífico en una guerra contra este país, en la que también participó Perú.
Santiago afirma que los límites territoriales fueron zanjados con el Tratado de Paz y Amistad de 1904, mientras Bolivia sostiene que ese documento fue impuesto por la fuerza de las armas.