15 de June de 2010 00:00

Relatoría de DD.HH. protesta por ataques contra la prensa

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Redacción Mundo

El Comisionado para los asuntos de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Sergio Pinheiro, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión, Catalina Botero Marino, manifestaron al Gobierno venezolano su “profunda preocupación” por el deterioro de la situación del derecho a la libertad de expresión en ese país.En particular, la preocupación está relacionada por la condena penal contra el periodista Francisco ‘Pancho’ Pérez; por la orden de aprehensión contra Guillermo Zuloaga, uno de los propietarios del canal Globovisión, y por el atentado con bombas molotov contra la Cadena Capriles.El pasado 11 de junio, el Tribunal Quinto de Juicio de Valencia condenó a tres años y nueve meses de prisión, inhabilitación política y prohibición para ejercer el periodismo, y una multa de USD 18 000 al periodista Francisco Pérez. Fue por los supuestos delitos de difamación e injuria al alcalde de esa ciudad, Edgardo Parra, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Pérez, en una columna publicada el 30 de marzo de 2009 en el diario El Carabobeño, refirió a la presencia de familiares de Parra como contratistas del gobierno municipal.En una carta enviada al canciller venezolano, Nicolás Maduro, el Comisionado y la Relatora recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH se han pronunciado en contra de la existencia de las leyes de vilipendio o desacato y de la utilización del derecho penal para sancionar opiniones o informaciones críticas respecto de los funcionarios públicos. El 11 de junio un Tribunal penal de Caracas emitió orden de aprehensión en contra de Guillermo Zuloaga y su hijo, por los presuntos delitos de usura genérica y agavillamiento por haber almacenado 24 vehículos en una finca de su propiedad. La orden de aprehensión se produce ocho días después de que el presidente Hugo Chávez criticase al Poder Judicial por el hecho de que Zuloaga continuase libre.La CIDH asegura que un marco jurídico inadecuado, la intolerancia del Ejecutivo a las críticas y a la disidencia y la falta de independencia del Poder Judicial constituyen algunos puntos débiles de la democracia venezolana y comprometen la garantía de los derechos humanos en ese país.

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