Organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos , la Alta Representante de la Unión Europea (UE), Amnistía Internacional y Human Right Watch (HRW) han pedido justicia para los muertos o han abogado por el “diálogo pacífico” y por el respeto a la libertad de prensa y al derecho a la protesta en Venezuela.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) también llamó a evitar más confrontaciones, luego del saldo de tres muertos y decenas de personas heridas y detenidas dejado por la represión del gobierno de Nicolás Maduro a las manifestaciones estudiantiles de la semana pasada.
Tanto la ONU como la OEA pidieron que se enjuicie a los responsables de los ataques, y países como Estados Unidos y Panamá manifestaron su preocupación por el alto nivel de violencia y represión (jóvenes que participaron en las protestas mostraron evidencias -videos- de golpizas y toletazos por parte de la fuerza pública y policías antidisturbios).
Los principales líderes de América Latina, en cambio, han sido más cautos frente a la represión desatada en Venezuela durante las protestas estudiantiles para rechazar la inseguridad, la escasez de alimentos y la liberación de universitarios detenidos.
Países aliados de Caracas, como Cuba, Argentina, Bolivia y Nicaragua, se han solidarizado con el Gobierno venezolano, pero no han reprochado con firmeza la violencia ejercida contra los estudiantes y dirigentes de la oposición.
Ayer, el Gobierno argentino, a través de su canciller, Héctor Timerman, sostuvo que los hechos que ocurren en Venezuela son parte de “un intento claro de desestabilización del Gobierno venezolano” y recordó que “ya lo intentaron en otros países de América del Sur como Bolivia y Ecuador y por eso todos los de Unasur lo vemos con mucha preocupación”. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega y el oficialista partido Frente Sandinista, esquivaron hablar de la violencia desatada en las calles de Venezuela y más bien acusaron ayer a Estados Unidos de promover las recientes protestas, y reiteraron su apoyo al presidente Maduro frente a lo que consideran un “injerencismo yanqui” en ese país.
El viernes pasado, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, también reiteró su apoyo al pueblo venezolano y al mandatario Nicolás Maduro y señaló que sabían “muy bien de dónde viene la violencia de esa derecha fascista que también quiere instalarse en Quito”.
En este nuevo episodio de violencia que sacude a Venezuela, los gobiernos de América Latina lucen de nuevo conformes con la información parcial e inexacta que hasta ahora ofreció Caracas, que una vez más denunció tramas conspirativas para justificar el uso de la fuerza y la censura. Así resume la situación del país petrolero Maye Primera, quien escribió un artículo en diario El País de España.
Lo que llama la atención, señala Primera, es que ningún organismo multilateral (Unasur, por ejemplo) haya reaccionado frente a las denuncias de una decena de organizaciones venezolanas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión -Provea, Cofavic, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, entre otras- que documentaron con testimonios, videos y fotos la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela.
Hoy se retoman marchas
El gobierno de Maduro lanzó ayer duras acusaciones a Estados Unidos inculpándole de estar detrás de la violencia que ha empañado las marchas pacíficas en Venezuela, mientras el dirigente opositor Leopoldo López ratificaba su intención de marchar hoy martes al Ministerio del Interior.
El canciller venezolano, Elías Jaua, indicó ayer que los diplomáticos estadounidenses Breeann Marie McCusker, Jeffrey Gordon Elsen y Kristofer Lee Clark tienen 48 horas para abandonar el país. En tanto, opositores y chavistas se preparan hoy para una crucial jornada de protesta con manifestaciones convocadas en un mismo sector de Caracas.
Las frases
- “Que las fuerzas de seguridad hicieron uso de fuerza excesiva, incluidas armas de fuego… hubo actos violentos contra manifestantes”.
Amnistía Internacional - “Que los responsables (de las 3 muertes) sean llevados ante la Justicia, independientemente de su pertenencia política”.
Human Right Watch