22 de February de 2012 08:14

Protestas en Grecia contra los ajustes impuestos por plan de ayuda europeo

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Los principales sindicatos griegos convocaron protestas para este miércoles contra los recortes impuestos por el plan de ayuda de la Eurozona, que según la agencia Fitch no acabó de despejar las dudas sobre el riesgo de que el país se declare en dafault.

 Las manifestaciones se llevarán a cabo mientras la Comisión Económica del Parlamento empieza a examinar el proyecto de ley sobre el acuerdo con los acreedores privados para la condonación parcial de la deuda griega, en un procedimiento contrarreloj.

 Al día siguiente del acuerdo alcanzado con muchas dificultades por los ministros de Finanzas de la zona euro en Bruselas, la respuesta de las centrales sindicales griegas no se ha hecho esperar.

  “ Todos juntos podemos barrer los nuevos recortes a las pensiones ” , afirma la Confederación General de Trabajadores (GSEE) y la Federación de Funcionarios públicos Adedy, que convocaron a los manifestantes en la plaza Syntagma a las 14H00 GMT, al pie del Parlamento en el centro de la capital griega.

  “ Las medidas que se van a votar en el Parlamento sobre los nuevos recortes constituyen el tiro de gracia para los pensionistas y para el sistema de seguridad social en el país ” , predicen en un comunicado las dos centrales.

 El sindicato procomunista Pame movilizará también sus tropas a 16H00 GMT en Atenas y realizará una manifestación en Salónica (norte) .

 La situación social sigue siendo muy tensa en un país que padece por quinto año consecutivo una profunda recesión.

 La última movilización masiva, salpicada de violentos enfrentamientos, remonta al 12 de febrero cuando unos 100.000 griegos, 80.000 de ellos en Atenas, salieron a las calles para protestar contra la aprobación parlamentaria de un nuevo programa de austeridad exigido a Grecia a cambio del desbloqueo del nuevo paquete de créditos.

 Ese gigantesco plan recibió en la madrugada del martes la luz verde de los ministros de Finanzas de la Eurozona.

 Prevé por una parte un préstamo de 130.000 millones de euros por parte de los acreedores públicos (Unión Europea, Banco Central Europeo y FMI) hasta finales de 2014, que se suma a otro crédito de 110.000 millones concedido en mayo de 2010, pero que resultó insuficiente para rescatar al país.

 El plan también contempla la condonación de más de la mitad de la deuda que Grecia ha contraído con acreedores privados (bancos, compañías de seguros y fondos de inversión) , lo cual permitiría reducir la deuda soberana griega -de unos 350.000 millones de euros- en unos 107.000 millones.

 El conjunto de la ayuda pretende evitar que Grecia se declare en suspensión de pagos el 20 de marzo, cuando enfrenta vencimientos de obligaciones por 14.500 millones de euros.

 La recesión obligó al gobierno a revisar al alza el déficit público previsto para 2012, al 6,7% del PIB, frente al 5,4% anunciado con anterioridad.

 Y el plan no convenció a la agencia de calificación Fitch, que bajó el miércoles la nota de solvencia de Grecia en dos peldaños, de “ CCC ” a “ C ” , por considerar que un default de Grecia seguía siendo “ altamente probable a corto plazo ” .

 El acuerdo de Bruselas impone a Atenas un calendario de reformas legislativas contra reloj.

 Este miércoles, los diputados de la comisión económica empezarán a examinar el proyecto de ley sobre el acuerdo con los acreedores privados para la condonación parcial de la deuda, que será adoptado probablemente el jueves, según una fuente del ministerio de Finanzas.

 El ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, presentó el martes las etapas para dicho acuerdo: los acreedores privados que a título voluntario quieran realizar el canje de obligaciones tienen hasta el 9 de marzo para hacerlo saber y la operación en sí se llevará a cabo el 12 de marzo. Para el 19 de marzo, está prevista la firma del nuevo paquete de préstamos con los socios europeos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

 Otros dos proyectos de ley importantes en la agenda del Parlamento son el conjunto de recortes presupuestarios exigidos por los acreedores antes del desbloqueo de la segunda inyección financiera, que afectan en particular a los salarios mínimos y las pensiones complementarias, así como a la reforma del sistema de salud pública.

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