Un proyecto que despenaliza las relaciones sexuales consentidas entre y con adolescentes de 14 a 18 años, hasta ahora prohibidas, motiva debate y enfrentamientos en Perú. Esto ocurre antes de la discusión del texto en el Congreso.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el legislador opositor Rolando Sousa, aprobó en noviembre el dictamen que propone modificar así la tipificación actual de la relación sexual consentida como delito de violación.
El proyecto en estudio castiga relaciones que impliquen engaño, abuso del cargo o función por parte de personas mayores de edad e impone penas más severas a los delitos de violación sexual, y cuando se confirme que hubo seducción.
Sousa expresó que es absurdo criminalizar todas las relaciones sexuales consentidas con adolescentes, al recordar que en los casos en que quedan embarazadas sus parejas corren el riesgo de ir a la cárcel, aún si están casados. En apoyo a la aprobación del dictamen, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que la ley nueva no implicará un incremento de los embarazos de adolescentes.
“No va a haber un incremento, porque eso no depende de un marco legal sino fundamentalmente de la información que se pueda proveer a los jóvenes o adolescentes” , explicó Ugarte.
En la misma línea de apoyo se ubican el Colegio Médico de Perú, Promsex, y organizaciones no gubernamentales como el movimiento Manuela Ramos y Red Sida Perú, entre otras.
La obstetra Eliana Rodríguez, del programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la organización Manuela Ramos, declaró a ANSA que el proyecto de ley debe ser aprobado por el Congreso para que así “una ley respalde la salud reproductiva de las menores” de edad.
“Se tiene que reconocer” que mujeres y varones empiezan su vida sexual en la adolescencia “y deben estar protegidos” , explicó Rodríguez, quien comentó que, de ser aprobada, la ley “no promovería las relaciones sexuales entre menores y con menores, sino alentaría a que el Estado ponga en marcha políticas de educación sexual, sin mitos, sin tabúes, con información precisa y necesaria”.
Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal de Familia, Infancia y Defensa de la Vida de la Iglesia Católica, monseñor José Antonio Eguiguren, pidió al Congreso no despenalizar las relaciones sexuales consentidas, porque “se corre el enorme riesgo de convertir a nuestro país en un ‘paraíso sexual’ para turistas interesados en la prostitución infantil y juvenil”.