1 de August de 2010 00:00

Los ‘sin papeles’, en la mira de los sheriffs

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Olga Imbaquingo

Que nadie cante victoria. Esa es la mejor advertencia después de que la ley antiinmigrante de Arizona (SB 1070) entró en vigencia, el 29 de julio, aunque privada de su capítulo más controversial: detener a cualquier persona que la considere sospechosa de no tener papeles en regla.

Para la Casa Blanca fue triunfo de un día la decisión de la juez Susan Bolton. Para los inmigrantes una pírrica victoria en su largo peregrinaje en la búsqueda de un camino a la legalización. Para los políticos republicanos y demócratas solo es la continuación de una batalla política electoral que promete dar mucha retórica explosiva hasta las elecciones de noviembre. La carne de cañón son los inmigrantes.

La gobernadora Jan Brewer y los legisladores del estado de Arizona también tienen lo suyo: un reconocimiento de que pusieron, aunque sea con una ley “torpe”, como calificó la jueza Susan Bolton, el dedo en la llaga en un problema en que todas las partes quieren una solución.

La ley de Arizona se dirimirá en las cortes, si es que las partes no logran un acuerdo extrajudicial, al momento impensable. Pero el problema y el drama de unos 11 millones de extranjeros indocumentados que están viviendo en EE.UU. no desaparecerán ni encontrarán alivio tras la decisión de la jueza Bolton.

“Vamos por los políticos: por el presidente (Barack Obama) y por el Congreso y el Senado. Ellos tienen que darnos una solución. En esa presión nos acompañan los empresarios, como los de la agricultura de Florida, que dijeron que no van a acatar leyes que exijan documentos a los trabajadores”, dijo el ecuatoriano Óscar Paredes, director del Proyecto de Trabajadores Latinoamericanos.

Hacia el sistema federal, integrado por el Ejecutivo, la Cámara Baja y el Senado, se dirige la pelota de un sistema inmigratorio roto, que por ahora tiene como respuesta el acoso, la persecución y la deportación de indocumentados de diferentes países.

Obama ganó, por ahora, “pero ahora arréglenlo y administren bien el sistema de inmigración. No puedes ganar y luego dejar a un lado tu responsabilidad”, dijo el senador demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez.

El editorial del jueves del The New York Times apunta en ese sentido: “El fallo de la jueza Bolton nos recuerda que es inaceptable el precio por la vía de Arizona: un sistema de inmigración incoherente, que desperdicia recursos para el reforzamiento de la ley y ha menguado la seguridad pública, es la odiosa mirada de una nación de inmigrantes que se vuelve contra ellos mismos”.

Y agrega el diario: “Obama arriesgó mucho cuando decidió demandar la ley y ese crédito hay que reconocerle. Esperamos que él deje claro a todos los estados que Arizona no es la forma de resolver este problema”.

El crucigrama político se complica y las respuestas a los espacios en blanco, en el mejor de los casos, solo se sabrán después de las elecciones del 2 de noviembre. En tiempo de campaña electoral los candidatos hacen ajustes a su plataforma. Los republicanos tienen su estrategia: culpar a los demócratas y a los inmigrantes de todos los males.

Por ejemplo, ayer la televisión informaba que la candidata republicana de Colorado, Jane Norton, puso a rodar una nueva tanda de llamadas telefónicas grabadas, recordándoles a los electores que ella cuenta con el respaldo de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el rostro visible de la ley contra los inmigrantes.

A las filas que quieren sacar partido del descontento que provoca la inacción del sistema federal se sumó el ex contendor de Obama, el senador John McCain, otrora defensor y propiciador de una reforma inmigratoria comprensiva.

El viernes dijo que “se mantendrá en su posición de primero apertrechar la frontera” antes de una reforma. Consultado por el diario The Arizona Republic, si volvería a apoyar a los inmigrantes, respondió: “ni pensarlo”.

McCain está en una campaña agresiva para su reelección como senador de Arizona y este 24 de agosto se sabrá si sobrevive a las elecciones primarias. Su contendor, también republicano, lo ataca por defender a inmigrantes.

Los demócratas también buscan cómo sacarle partido para que no se los vea como los defensores de los indocumentados ante su electorado blanco, pero que tampoco los votantes latinos los acusen de oportunistas.

“Es entendible la frustración de los latinos, ellos quieren ver algo concreto, quieren a los demócratas peleando por una reforma, pero este año no hay ni tiempo ni voluntad política”, dijo a este Diario, Marc Rosenblum de Migration Policy Institute.

El premio Nobel de la Paz, el sudafricano Desmond Tutu, días después de la firma de la ley de Arizona, el pasado 23 de abril, escribió: “Abominaciones como las del apartheid no comienzan con toda la población. Empiezan generalizando los rasgos no deseados de un segmento de la población” y ese es el temor, por ahora en suspenso en EE.UU.

“La decisión de la corte federal acaba de matar esa estrategia”, según Edward Alden, analista de Bernard L. Schwartz.

Cinco fechas clave en el proceso de una Ley que tiene tres meses de historia entre la aceptación y la oposición

23 de abril

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó la ley SB 1070, aprobada por el Congreso estatal. En un principio criminalizaba a los inmigrantes indocumentados.

6 de julio

El Departamento de Justicia demandó la ley, por considerar que esa norma, al calificar como delito a la inmigración ilegal, interfiere con la autoridad federal.

8 de julio

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer (foto), en tono molesto dijo: “... Arizona está bajo el ataque en la Corte Federal del Presidente de Estados Unidos...”.

23 de julio

La jueza federal Susan Bolton, encargada de resolver si permite que entre en vigor o no la ley, percibe inconstitucionalidad en partes de la SB 1070.

29 de julio

Entre júbilo y llanto la población recibió la noticia de la decisión de la jueza que suspendió la parte que requiere a la Policía a revisar a los indocumentados.

El sheriff Arpaio ‘espera’ a los indocumentados

Joe Arpaio, sheriff del condado de Maricopa, el mayor población del estado de Arizona, dijo a la cadena de televisión ABC que no comprende “la conmoción” creada por la nueva ley. Afirmó que es “un delito residir aquí ilegalmente.... Si vienen ilegales a Estados Unidos, aquí los espero”, advirtió el aguacil.

Su oficina está decorada con cientos de reconocimientos que le han dado por su labor en la aplicación de la ley federal y un combate frontal contra el crimen y el tráfico de drogas.

Este ex jefe de la DEA en Arizona lucha ahora frontalmente contra la inmigración ilegal. Quizás es una de las luchas que lo convierten en uno de los creadores y principales promotores de la ley SB1070, que entró en vigencia en Arizona.

El “cazador de inmigrantes” asegura que no es un sheriff duro. “Los medios de comunicación me hacen ver duro. Más bien, si los gobiernos de otros países necesitan ayuda, les ayudamos. Les mandamos personal para capacitaciones. Algunos dicen que no ayudo, pero sí lo hago”, afirma Arpaio.

Desde hace años, Arpaio ha desatado la llamada “cacería de indocumentados”, desplegando a sus oficiales por todo el condado. Varias organizaciones de derechos humanos han criticado a Arpaio por su manera de exponer a los reclusos en tiendas de campaña cuando en verano las temperaturas rondan los 50 grados centígrados en Arizona.

“Antes pasaban más expuestos a las altas temperaturas. Ahora están en esas tiendas, igual que nuestros soldados en Iraq o Afganistán. Es lo mismo que pasa en la guerra. Tienen el mismo trato, comen lo mismo y se visten igual. En estas cárceles hay como 200 ilegales presos”, afirmó Arpaio.

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