La coalición opositora venezolana Mesa de Unidad criticó ayer la orden de detención contra el presidente del canal de noticias Globovisión, Guillermo Zuloaga, quien aún no ha sido arrestado y enfrenta un cargo por usura y acaparamiento de vehículos. En un comunicado, la Mesa de Unidad expresó su rechazo a la acción judicial, que incluye al hijo de Zuloaga, Guillermo Zuloaga Siso, y advirtió que la medida busca reavivar la polarización política entre partidarios y opositores del gobierno de Hugo Chávez antes de las elecciones legislativas de septiembre. Una comisión del Servicio de Inteligencia Bolivariana (Sebin) se presentó en su casa el viernes en su búsqueda, pero el empresario no estaba. Los abogados no aclararon si Zuloaga se entregará a las autoridades. “El hastío que producen la incompetencia y la irresponsabilidad cruza todos los sectores sociales, y estas medidas se toman para fomentar la adhesión por temor en sus seguidores y la resignación por temor en las crecientes masas descontentas”. La Mesa indicó que la medida contra Zuloaga ocurre después de una “amenazante” alusión que hizo Chávez contra el empresario, lo que según la oposición arroja nuevas dudas sobre la independencia de poderes en el país y afecta de paso la seguridad jurídica en Venezuela. “Queremos decirlo claramente: el Presidente no se saldrá con la suya. El cambio que cada vez más venezolanos queremos ya ha comenzado y nada lo detendrá”, aseveró. En una declaración separada, el alcalde metropolitano de Caracas y líder opositor, Antonio Ledezma, señaló que la orden de aprehensión contra Zuloaga y su hijo “ya estaba anunciada” por la mención que hizo Chávez antes. “El Mandatario había dado una orden por medio de una cadena nacional de radio y televisión donde se dejaba ver que su decisión era la detención y privación de libertad del Presidente de Globovisión”, indicó.Según los abogados defensores, la Policía recibió una orden de detención contra Zuloaga por un caso de supuesto acaparamiento de vehículos. La abogada Perla Jaimes dijo que se trata de una medida arbitraria e innecesaria que el Gobierno ha emprendido contra Zuloaga.