Santiago Zeas, Corresponsal en Bogotá
Con la muerte del referendo reeleccionista, el 7 de agosto llegará a su fin el gobierno de Álvaro Uribe, el más popular que recuerde Colombia en su últimos 50 años, con el 60% de aprobación.
Sus casi ocho años de mandato están marcados por la aplicación de la política de seguridad democrática, que se convirtió en su principal caballo de batalla.
Uribe llegó en 2002 al poder con la promesa de terminar con los grupos irregulares que protagonizan el conflicto armado desde hace medio siglo. Por ello, a cinco meses de que concluya su estadía en el poder, el balance de su gestión se enfoca en los resultados de su política de seguridad.
Me anima una ilusión: que nuestra democracia mejore el rumbo
Álvaro Uribe
Presidente de ColombiaLas cifras de la Fundación Seguridad y Democracia hablan de una notable disminución de la violencia desde la llegada de Uribe. Los homicidios se redujeron en un 34%, los secuestros cayeron en un 90%, y los grupos irregulares se debilitaron.
Estas cifras se explican por la aplicación de varias medidas creadas por el régimen de Álvaro Uribe, como el proceso de desmovilización de las bandas paramilitares, a través de la conocida Ley de Justicia y Paz.
A esto se suman los duros golpes que la Fuerza Pública asestó a la guerrilla en este tiempo. Abatió a Raúl Reyes, segundo al mando de las FARC, apresó a Simón Trinidad y también quedaron eliminados del mapa otros miembros del Secretariado como Iván Ríos. Incluso se engañó a las FARC para el rescate en 2008 de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, su rehén más preciada.
Con el apoyo del Plan Colombia financiado por Estados Unidos, la permanente presión de las Fuerzas Armadas obligó al repliegue de los insurgentes. Las cifras del Ministerio de Defensa señalan que se registraron al menos 13 000 deserciones, que implica una reducción del 60%.
Según Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, esas cifras demuestran una exitosa política seguridad democrática en el actual gobierno.
Sin embargo, esas acciones no están exentas de escándalos y señalamiento que empañan la administración de Uribe. Una investigación de la Fundación Nuevo Arco Iris, basada en datos oficiales, también revela que la política seguridad de Uribe no resultó tan exitosa como se creía.
El dato más preocupante de la época es el resurgimiento de grupos paramilitares, bajo el membrete de “bandas emergentes”.
En 2009, los ‘paras’ realizaron 2 286 ataques contra poblaciones civiles y la Fuerza Pública. Además, su área de influencia subió de 247 a 293 municipios.
Según Nuevo Arco Iris, la explicación para este repunte de estos grupos es el fallido proceso de desmovilización entre 2005 y 2006. Se calcula que 21 jefes paramilitares no se acogieron a la desmovilización y ahora manejan unos de 5 000 armados.
En efecto, a inicios de 2008, la organización Human Watch Rights alertó sobre el resurgimiento de estos grupos militares.
Ese no es el único lunar en su política de seguridad, acusada de tener falencias en materia de derechos humanos. El caso insignia es el escándalo de los ‘falsos positivos’, que dejó al descubierto que el Ejército asesinó a civiles para luego presentarlos como guerrilleros abatidos en combate.
Esas críticas en asuntos de derechos humanos trajeron consecuencias para Bogotá, como la resistencia de Canadá y Estados Unidos de ratificar sus respectivos Tratados de Libre Comercio.
El juego del voto, abierto
La carrera electoral quedó abierta en Colombia, luego de que Álvaro Uribe fue impedido de presentarse a una segunda reelección presidencial. Rafael Pardo (Liberal), Sergio Fajardo (independiente), Gustavo Petro (Polo Democrático), Germán Vargas Lleras (Cambio Radical), Juan Manuel Santos (Partido de la U),
Noemí Sanín o Andrés Felipe Arias (Conservador) son los nombres que aparecen en pelea.
Sin embargo, según las últimas encuestas, ninguno de ellos podrá ganar el 30 de mayo sin la necesidad de una segunda vuelta.
En gran medida, porque sin la participación de Uribe como candidato, los partidos de la coalición de Gobierno (U, Conservador y Cambio Radical) decidieron ir con candidatos propios.
Y, si bien nada está dicho, en las preferencias electorales empiezan a surgir indicios de que hay dos postulantes que tienen mayores posibilidades de pasar a segunda vuelta. Santos, quien ayer ratificó que será candidato y tiene una alta valoración por su cercanía con Uribe y por su paso por el Ministerio de Defensa. El otro, Fajardo, quien se presenta bajo una etiqueta ciudadana.