23 de July de 2010 00:00

La Ley Arizona fue evaluada ayer

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Redacción Mundo.

La polémica ley antiinmigrante del estado de Arizona comenzó a ser evaluada por primera vez este jueves. Una Corte en Phoenix es la encargada de analizar y de escuchar a los detractores y defensores de la normativa que criminaliza a los indocumentados y que entrará en vigencia el 29 de julio.

Los abogados de ambas partes se encontraron en una Corte federal ante la jueza Susan Bolton. Ella escuchó los primeros argumentos de una de las siete demandas contra la ley antiinmigratoria de Arizona, rechazada por policías, activistas de derechos civiles e incluso el Gobierno de EE.UU.

El presidente Barack Obama se opone a esta ley. Su argumento es que esta nueva normativa no solo atropella los derechos humanos sino también se contrapone a la legislación vigente para el país.

La Ley SB1070, que es como se denomina y que fue proclamada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el pasado 23 de abril, declara a la inmigración indocumentada como un delito estatal. Esta es la primera vez que se aprueba una ley de estas características en Estados Unidos.

La ley autoriza a la Policía estatal a solicitar documentación a quienes consideran “razonablemente sospechosos” de estar en el país de manera ilegal.

Por esta razón, grupos de inmigrantes y representantes de los derechos humanos insisten en que las demandas sean escuchadas.

Por su parte, los abogados de la Gobernadora de Arizona pidieron el abandono de las demandas y defendieron la ley.

La Jueza analizó y escuchó a la defensa del policía de Phoenix David Salgado, de origen latino, quien busca la suspensión de la Ley SB1070.

El abogado del policía Salgado, Stephen G. Montoya, alegó que los oficiales en Phoenix y otras áreas del estado tendrán dificultades para interpretar la ley.

Además, alegó que la ley otorga a Arizona un poder que es competencia del estado federal y que se basan en las leyes vigentes en todo el país.

Para Montoya, la SB1070 viola tanto la Ley de Inmigración Federal como la Constitución. “Nunca hemos tenido 50 leyes de inmigración”, dijo Montoya, quien pidió a la jueza Bolton que se oponga a la vigencia de esta.

En Arizona viven unos 2 millones de hispanos, 33% de origen extranjero. Unos 460 000 son indocumentados.

Representantes de ocho asambleas legislativas latinoamericanas condenaron el miércoles la ley. “Presentamos nuestra fuerte condena y profundo rechazo a tal ley. Lamentamos que esta normativa tenga un espíritu racista y xenófobo que va en contra de la inmigración en general y de los emigrantes irregulares en particular”, indica el texto suscrito por parlamentarios de México, Ecuador, Uruguay, Panamá, Bolivia, Guatemala, Cuba y Chile.

“Es una ley racista, discriminatoria. Pretende afectar a millones de inmigrantes que están en territorio estadounidense sin documentos. Es una ley que no debe ser aceptada ni que entre en vigor”, dijo Carlos Navarrete, jefe del Senado de México.

El funcionario también indicó que lo más adecuado sería que esta ley se archive y que, en cambio se promueva una reforma migratoria. Esta debería estar enfocada, a decir de las asambleas legislativas latinoamericanas, a permitir la regularización de los inmigrantes. De esa manera se controlaría y mejoraría a los inmigrantes pues tendrían plenos derechos y obligaciones.

Tras la ola de críticas iniciales, el texto de la ley fue modificado para disipar las acusaciones de “ley racista”. Ahora la Policía solo podrá investigar el estado migratorio de un sospechoso si tiene un contacto legal por otra razón, como un control de tránsito.

Algunos artículos de la norma SB1070

Es delito la inmigración ilegal en el estado de Arizona fronterizo con México.

Permite a la Policía detener a cualquier persona si hay sospecha razonable de que es inmigrante indocumentado. Es decir si parece inmigrante. En esas circunstancias, la Policía podrá detenerlo, interrogarlo y pedirle documentación.

0bliga a los funcionarios públicos a denunciar a un inmigrante indocumentado que solicita un beneficio de ley que establece el estado. También dice que las autoridades que incumplan serán sancionadas.

Permitirá las demandas contra agencias gubernamentales que obstaculicen la aplicación de las leyes de inmigración.

Declarar ilegal contratar a indocumentados como jornaleros o para cualquier otra actividad. Esto será sancionado.

Es delito no tener documentos de estadía legal en Estados Unidos, no llevar en la cartera la Green Card o Tarjeta Verde o incluso transportar en su automóvil a un indocumentado, aunque sea un familiar. El castigo, en este caso, no solo es para el indocumentado sino también para quien los ayuda.

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