Un juez mexicano informó que entregó el viernes al gobierno un plan para evitar la quiebra de la aerolínea Mexicana de Aviación, que hace 18 meses suspendió sus operaciones por problemas financieros, y entregarla al grupo de inversionistas Med Atlantic.
El magistrado Felipe Consuelo, que lleva el proceso para evitar la quiebra de la que es una de las aerolíneas más antiguas del continente, proporcionó a representantes del gobierno los documentos que acreditan que Med Atlantic cuenta con los cerca de 300 millones de dólares necesarios para hacerse cargo de la compañía y lograr que reinicie los vuelos.
Consuelo dijo a la prensa que los inversionistas demostraron su solvencia y el origen lícito de los recursos, uno de los últimos requisitos que estaban pendientes para dar vía libre al proceso de rescate.
Ahora el gobierno tendrá un plazo de unas dos semanas para firmar el acuerdo.
El juez hizo la declaración tras presentar los resultados de su gestión ante representantes de la secretaría de Comunicaciones y Transportes y la de Trabajo.
A fines de enero Consuelo había informado del interés de Med Atlántica, compuesto mayoritariamente por capitales mexicanos con apoyo de inversionistas españoles, por hacerse cargo de Mexicana y de sus rutas a 22 países, que llegaron a movilizar unos 22.000 pasajeros diarios en 2010.
El 9 de febrero, había postergado indefinidamente el plazo para declarar en quiebra a Mexicana, que vencía ese día, para dar tiempo al grupo inversor a presentar los documentos necesarios.
Una fuente de la secretaría del Trabajo dijo a la AFP que, una vez se ratifique el acuerdo, la aerolínea podría reiniciar vuelos en abril con siete aviones.
Aquejada por las deudas, Mexicana suspendió operaciones en agosto de 2010 y se acogió a un “concurso mercantil”, una figura contemplada en la legislación mexicana para evitar la quiebra de empresas mediante acuerdos con sus acreedores y planes de reestructuración.
En el momento de detener sus actividades Mexicana contaba con activos por 786 millones de dólares y una deuda de 864 millones, repartida entre 27 000 acreedores entre ellos 8 500 empleados.