11 de August de 2010 00:00

Inmigrantes se quejan de un juez por su actitud xenófoba

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Roxana Cazco

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió dar trámite a la queja que la ONG América, España Solidaridad y Cooperación (Aesco) presentó en julio pasado.

Esta ponía en conocimiento la curiosa técnica que utiliza el juez del Registro Civil de Getafe (13 km de Madrid), José María Celemín, para emitir el informe de arraigo a los extranjeros solicitantes de la nacionalidad española. El letrado formula preguntas como: ¿Qué ocurrió en España en 1868? ¿Qué es la paella y el cocido madrileño? o cite tres poetas de la posguerra. “Por esa vía (') el 80% de españoles perdería la nacionalidad porque no podrían contestarlas”, señala Gustavo Fajardo, abogado de Aesco y representante de los afectados.A esta queja se suma el trato displicente que denuncian haber recibido varios extranjeros por parte de Celemín y la demora de los trámites de nacionalidad de quienes fueron entrevistados por él. El CGPJ ha elevado a su Comisión Disciplinaria el caso, será esta quien decida abrir o no un expediente sancionador contra el juez.

Se temía que el Consejo desestimara la queja, por lo que su respuesta fue recibida con entusiasmo. “Conociendo la política del CGPJ, cantaríamos La Marsellesa si le ponen un euro de multa, porque estarían censurando su conducta como juez”, subraya Fajardo. Aesco ha registrado más de 70 afectados por el interrogatorio de Celemín, pero estima que son muchos más. Unos 850 entre 2009 y lo que va de 2010.

“Él seguía agachado, nunca me alzó a ver, pero el aspecto de su cara era de asco, como si tuviera ganas de devolver (vomitar), como si yo le produjera fastidio. Me puse nerviosa, a temblar. Terminó las seis preguntas y me dijo que me retirase. Antes sacó una hoja y exclamó: firme, firme. Yo firmé, ¿qué más iba a hacer?”.

Así relata Luz Elena Londoño Sepúlveda, una colombiana de 47 años, su encuentro con Celemín en febrero de 2009. Antes ya le había preguntado qué pasó en España en el siglo VIII y qué en 1704 “tantas cosas podían haber sucedido, no sabía a qué se refería este señor”, relata esta mujer con nueve años en España. Lo que ella habría firmado -no le dio tiempo a leer- sería su reconocimiento de no superar el “examen de arraigo”.

Aesco ve en la actitud de Celemín no solo falta de respeto hacia los extranjeros sino tintes de xenofobia. No hay un reglamento que fije cómo medir la adaptación de los solicitantes de nacionalidad española.

De hecho, en el resto de la Comunidad de Madrid quien se encarga del trámite es la Policía. La entrevista con los agentes se suele reducir a la entrega de comprobantes (contrato de trabajo, nómina, declaración de la renta) que certifiquen una situación económica y laboral estable del extranjero.

En teoría, el cuestionario de Celemín no es ilegal, pero sí podría ser “impertinente e inconducente”, según Aesco. “El contenido del interrogatorio no tiene relación con el objeto de la entrevista”, señala Fajardo. Para él, no se demuestra arraigo conociendo qué ocurrió en el siglo VII, sino demostrando su vinculación con los idiomas nativos, si cotiza a la seguridad social, o “si ha tenido tan buena vida ciudadana que jamás ha sido acusado de un delito o falta'”, añade.

Los afectados denuncian que sus trámites están paralizados en el Registro Civil de Getafe desde hace tres años.

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