2 de May de 2010 00:00

Los inmigrantes se juegan la vida por conquistar Arizona

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Redacción Mundo.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN



‘Tengo que volver a Arizona, es mi hogar”, dice el mexicano Sergio, de 26 años, mientras coloca su última pastilla purificadora en un cubo de agua turbia. Su hijo vive en ese estado del suroeste de Estados Unidos donde él mismo pasó la mayor parte de su vida.

Sin documentos, Sergio, como otros inmigrantes, no puede obtener una licencia de conducir. Cuando usaba una identificación falsa, lo detuvieron en un control de tráfico de rutina y, tras hacerle pasar cuatro meses en la cárcel, lo deportaron a México.

Sergio explica en un inglés fluido que inmediatamente después de su deportación intentó cruzar el desierto, pero agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos lo capturaron y lo pusieron en prisión otros ocho meses. Él no tiene vínculos familiares en los estados de la frontera mexicana; toda su vida está en Arizona.

Con puntos urbanos de cruce de fronteras como Nogales, una ciudad muy fortificada, los migrantes deportados a México que desean regresar con sus familias en Arizona realizan peligrosas travesías por el desierto.

Organizaciones estadounidenses de derechos humanos señalan que la cantidad de migrantes que fallecen cada año intentando ingresar a Arizona aumentó de nueve en 1990 a unas 200 a mediados de 2000.

El gobierno de Barack Obama ha continuado la política de sus predecesores de usar la muerte como medida de disuasión, lo que de acuerdo con el derecho estadounidense e internacional se considera ilegal.

En 1994, con la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el presidente Bill Clinton (1993-2001) militarizó la frontera con la ‘Operación Guardián’ y la ‘Operación Defender las Líneas de Combate’.

Al redirigir los recursos del gobierno a los principales cruces urbanos entre Estados Unidos y México, donde es más fácil acceder a agua, alimentos y refugio, sucesivos gobiernos estadounidenses han usado explícitamente las inhóspitas condiciones del desierto como método para disuadir a los inmigrantes. La monja Engracia Robles, de las Hermanas de la Eucaristía, ayuda a administrar un pequeño centro donde voluntarios reciben a deportados. “A menudo la gente duerme en el cementerio cercano”, relata.

“Llegan con ampollas en los pies, con cortes en el rostro y moretones. Están hambrientos, no tienen nada; sus zapatos están rotos de caminar durante días por el desierto”. IPS presenció una emotiva reunión familiar en el centro, cuando dos niños que pasaron varios meses separados de sus padres finalmente volvieron a encontrarse con ellos.

Cerca de allí, cientos de camiones cruzan la frontera. “Ésta es una frontera del Tratado”, explica Connie Romero, voluntaria de la organización No Más Muertes, con sede en Arizona. “El dinero se mueve libremente, y las personas con dinero también, pero los pobres son empujados a un peligroso cruce del desierto”.

En el lado mexicano, Agustín García, un obrero de la construcción deportado, cuenta: “Hemos estado en Estados Unidos durante los últimos 18 años, pero (Joe) Arpaio (el jefe de Policía del condado de Maricopa) nos envió de regreso. Aquí no tenemos familia. No tenemos nada”.

Otro trabajador, deportado hace poco, no puede entender por qué un país tan grande y con tantas oportunidades no le permite trabajar. “Al sheriff Arpaio no le gusta la gente de piel oscura. John McCain, senador de Arizona (y ex candidato republicano a la Presidencia), me odia porque tengo la piel oscura. Obama es negro y debería comprender, pero también me odia. ¿Por qué?, plantea.

Dos días después del 23 de abril, en que la gobernadora republicana, Jan Brewer, promulgó la ley más dura contra los migrantes, 800 policías de nueve agencias federales y locales, arrestaron a 50 personas que trabajaban en el sector del transporte.

El costo económico de la Ley

En un solo condado de Arizona, el de Yuma, el jefe de Policía, Ralph E. Ogden, calcula que para cumplir con la polémica Ley, las agencias dedicadas a aplicarla gastarán entre USD 775 880 y casi USD 1,2 millones.

Los costos carcelarios oscilarán entre poco más de USD 21 millones y USD 96 millones, y los correspondientes a abogados y otros profesionales serán de entre USD 810 067 y USD 1,6 millones.

El de Yuma es uno de los 15 condados de Arizona y tiene unos 200 000 habitantes. El balance del jefe de Policía también revela que será necesario construir más centros de detención.

Ya hay en curso varios reclamos legales para impedir que la legislación entre en vigor. Los presentaron el Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación, la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) y la Red Nacional de Organización de Jornaleros.

“Arizona tendrá en la historia el mismo lugar que Sudáfrica”, dice Salvador Reza, de Puente, movimiento de derechos humanos con sede en Phoenix, comparando la ley con el apartheid, régimen que hasta 1994 discriminó a la mayoría negra en ese país.

El senador Russell Pearce, republicano y autor de la Ley, cree que la norma hará que los inmigrantes se vayan de Arizona, lo que derivará en que el estado ahorrará dinero en los servicios que actualmente brinda a los hijos de inmigrantes indocumentados en escuelas y hospitales. IPS

Las reacciones

Lorena Escudero / Sec. Migrante

La Ley puede repetirse en más estados de EE.UU.

La Ley alimenta acciones xenofobas y raciales en contra de los inmigrantes indocumentados en Arizona, que quedan en situación de vulnerabilidad. Nos sumamos a lo que el presidente Barack Obama ha dicho, rechazar esta ley porque va en contra de los derechos fundamentales de las personas. Ecuador se ha pronunciado en contra de la Ley para cualquier persona en movilidad y advierte que puede repetirse en otros estados.

Linda Machuca / Asambleísta

Los jornaleros serán los más afectados

La Ley criminaliza a los inmigrantes que se hallan en condición de irregularidad en Arizona, a través de medidas penales o parapenales. Ellos en el futuro serán sujetos de deportación una vez que sean liberados luego de la aplicación de penas que van hasta los seis meses de encarcelamiento firme y pago de multas de hasta USD 2 500. La Ley de Arizona viola derechos humanos reconocidos por Estados Unidos y la comunidad internacional.

Barack Obama / Pres. EE.UU.

La Ley no soluciona el problema migratorio

Creo que es un error dar a las autoridades policiales locales el poder de detener a las personas bajo la sospecha de que puedan ser trabajadores indocumentados. Este tipo de cosas polariza la situación en lugar de solucionar el problema. Por ello, pido una reforma migratoria integral.

Phil Gordon / Alcalde de Phoenix

Tenemos que impedir que la Ley sea aplicada

La demanda que busca desmantelar la Ley SB 1070 es esencial, debemos impedir que esta mala norma sea puesta en práctica. La legislación no solo promueve la discriminación racial, sino que ordena a nuestra fuerza policial hacer lo que es jurisdicción del Gobierno Federal.

Jan Brewer / Gobern. Arizona

La decisión de firmar la Ley no fue apresurada

La Ley que voy a firmar, el proyecto del Senado 1070, es otra medida de nuestro estado que trabaja por resolver una crisis que no hemos creado y el Gobierno Federal se ha negado a solucionar. Mi decisión de firmar no fue tomada a la ligera. Arizona se rige por leyes bien intencionadas que exigen y piden respeto.

En 1975 se dio el primer intento

1975. Texas aprobó una ley antiinmigrante que negaba la educación pública a los niños indocumentados.

1982. Esta ley fue apelada en una corte federal con el apoyo de la administración del presidente Jimmy Carter. En la decisión Plyler V. Doe, la Corte Suprema de Estados Unidos., por una votación de 5 a 4, abolió la ley de Texas.

1994. California en un referéndum aprobó la Proposición 187, diseñada para prohibir a los inmigrantes indocumentados el acceso a los servicios sociales, el cuidado médico y la educación pública en ese estado.

1997. Una jueza federal decidió que esa ley era inconstitucional porque infringía en la jurisdicción exclusiva del Gobierno Federal en asuntos de inmigración.

2007. Desde entonces se han presentado al menos 222 proyectos en algunos estados sobre la inmigración.

2010. Arizona promulga una dura Ley antiinmigrante, que convierte en delito residir en ese estado sin documentos. Y permite a la Policía interrogar a cualquier persona con base en ‘sospechas razonables’ de que sea indocumentado.

2010. La representante republicana en Texas, Debbie Riddle, anunció que reactivará una ley antiinmigrante similar a la del estado de Arizona. El proyecto lo presentó hace varios meses.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)