8 de August de 2010 00:00

En Guatemala se debate la pena de muerte

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Redacción Mundo.

En los últimos seis años han sido capturados 457 hombres sindicados de violación sexual. De enero a la primera quincena de julio pasado fueron capturados 89 sindicados de violación sexual, mientras otros 75 por intento de violación.

El año pasado, la organización Médicos Sin Fronteras, denunció que en Guatemala se han cometido cada año 10 000 violaciones sexuales, lo que consideran una cifra preocupante.Estas estadísticas, sumadas a otros delitos como asesinatos, secuestros y asaltos han encendido en el país centroamericano un debate sobre la necesidad de reactivar la aplicación de la pena de muerte, para frenar la violencia y la criminalidad.

“Si el presidente de Guatemala (Álvaro Colom) siente temor porque dice que lo están amenazando de muerte, cómo podrá sentirse el guatemalteco indefenso frente al acecho de los criminales que actúan sin piedad. Por eso pedimos que se aplique la pena de muerte”, dijo el diputado Luis Enrique Mendoza, del partido opositor Líder.

La pena de muerte está vigente en Guatemala pero no se la aplica desde hace 10 años por un vacío legal. El disidente del oficialismo y máximo dirigente de la bancada Líder, Manuel Baldizón, anunció una moción para retomar la discusión en el Congreso de la aplicación de la pena de muerte.

La ola de violencia, que deja unos 18 muertos diarios, hace necesaria “la aplicación inmediata de la pena de muerte a todo criminal encontrado culpable de homicidio, extorsión y secuestro”, afirmó Baldizón.

El ‘impasse’ obedece a que el ex presidente encarcelado por corrupción, Alfonso Portillo (2000- 2004), pidió en el 2000 al Congreso derogar la responsabilidad de conceder o no el indulto presidencial. Pero el Parlamento aún no ha legislado para determinar a quién le corresponde el último recurso al que tienen derecho los condenados a muerte.

La pena capital solo puede ser aplicada a los condenados por secuestro, asesinato y violación en que las víctimas mueran.

La organización humanitaria, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), dio cuenta que los hechos violentos registraron un incremento del 42% entre enero y julio. El informe detalló que en ese período hubo 1 911 muertes violentas, de las cuales 45 fueron mujeres y 47 menores.

Para este fin de semana se espera el arribo del nuevo jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el ex fiscal costarricense Francisco Dall'Anese, quien sustituye al español Carlos Castresana. En Costa Rica, la fiscal Gisele Rivera, ex investigadora de la Cicig, criticó el trabajo de Castresana por no haber cumplido su misión principal: “Identificar y desarticular a los grupos del crimen organizado”.

Rivera advirtió a Dall'Anese de la complejidad de la situación guatemalteca. “Ahí la conspiración, los arreglos y los asesinatos son una forma de vida”, aseveró. Recomendó al ex fiscal costarricense “no confiar” en nadie en Guatemala debido a que a su juicio el crimen organizado se ha infiltrado en el aparato judicial y en las instituciones. “La impunidad de allá es del 99%”.

Las reacciones a favor y en contra de la medida no se hicieron esperar. Sectores de derecha y ciudadanos golpeados por la criminalidad apoyan la pena de muerte, mientras el gobierno socialdemócrata de Colom, grupos humanitarios y la comunidad internacional rechazan el castigo.

Guatemala, Cuba y Estados Unidos son los tres países de América Latina que mantienen en vigor la pena capital.

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