El fiscal general de Perú, José Peláez, se mostró hoy 21 de enero a favor de que se inspeccionen las condiciones de prisión del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), después de que este denunciara que es víctima de “violencia psicológica” y “aislamiento” de parte de las autoridades penitenciarias.
En declaraciones al canal N de televisión, Peláez dijo que la situación debe ser vista por el fiscal de la localidad de Chosica, al este de Lima y en cuya jurisdicción se encuentra la prisión policial del distrito de Ate-Vitarte en la que cumple su condena Fujimori.
“No hay ningún inconveniente para que ningún fiscal se apersone (sic) y pueda ver cómo son las condiciones de la permanencia de Fujimori en el penal”, añadió. Aunque Peláez aclaró que no ha dado una orden directa para que se proceda de esa manera, señaló que los fiscales “seguramente van a recoger” sus palabras “y van a inmediatamente a tomar cartas en el asunto”.
“Todos los reclusos, los reos, los sentenciados, tienen derecho a que se respeten sus derechos humanos y en esa línea el fiscal es garante de esas acciones”, remarcó. Tras conocer estas declaraciones, el abogado de Fujimori, William Castillo, saludó que la posibilidad de que un fiscal vaya a supervisar la denuncia.
“Enhorabuena que venga un fiscal y compruebe ‘in situ'” la denuncia, afirmó en declaraciones citadas por el portal del diario Perú.21, tras lo cual aseguró que respetarán lo que la autoridad informe tras la inspección. Fujimori ha utilizado su cuenta en la red social de Twitter en los últimos días para denunciar los supuestos malos tratos que recibe en prisión, entre los que mencionó un “excesivo personal” de vigilancia, así como la prohibición de recibir las visitas de sus hijas Keiko y Sachi.
En otro mensaje difundido hoy, Fujimori se dirigió al presidente Ollanta Humala para quejarse por sus condiciones y recordarle su avanzada edad. “Pdte. Humala soy un anciano de 75 años, ¿hasta cuándo van a seguir todos estos escarnios y abusos contra mi persona? hasta cáncer terminal?”, señaló.
El exmandatario cumple una sentencia de 25 años de prisión por la autoría mediata de 25 asesinatos y dos secuestros durante su Gobierno (1990-2000), además de tener otras penas menores por corrupción.
En junio pasado, el presidente Ollanta Humala le denegó una solicitud de indulto humanitario, tras recibir un informe que indicó que no padece de una enfermedad terminal ni de transtornos mentales graves. Fujimori, de 75 años, también se ha quejado porque a fines del año pasado se le retiró el teléfono público que tenía en prisión después de que ofreciera entrevistas no autorizadas a varios medios de comunicación.
Después de que se tomara esa decisión, Fujimori denunció a las autoridades penitenciarias por presuntamente someterlo a torturas y abuso de autoridad. Un fiscal peruano aceptó abrir una investigación preliminar por este caso contra el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), José Pérez Guadalupe, quien ha declarado que Fujimori es “el preso más caro del Perú”, ya que el gobierno destina a su cuidado 400.000 soles (USD unos 142 800) anuales.