El ex presidente argentino Fernando de la Rúa podrá estar tranquilo en casa. Al menos si por las muertes de 50 personas y más de 200 heridos durante la represión del 19 y 20 de abril del 2001 se trata.
El juez Claudio Bonadío sobreseyó por segunda vez a De la Rúa, pues entendió que en las nuevas investigaciones que debió realizar por orden de la Cámara Federal, no demostraron ninguna vinculación del ex presidente con la represión desatada.
Aquel diciembre del 2001, Argentina vivió una crisis institucional, social que derivó en un estallido social que aún se recuerda. Fueron días de saqueos, cacerolazos, todos pidiendo que se fueran. Fernando de la Rúa había decretado el estado de sitio.
Bonadío negó que hubiera una reunión el 20 de diciembre en el que se decidió reprimir las manifestaciones para “tener tiempo de ‘negociar’ con la oposición, sobre todo con el Partido Justicialista (peronista) y así permitir su continuidad en la Presidencia.
“Ninguna medida alcanzaría para debilitar el descargo que presentó el imputado”, dijo Bonadío. Al ex Mandatario, quien abandonó el poder en esos días montado en un helicóptero, el fallo no le sorprendió.
“Está cabalmente demostrado que no tuve participación en los episodios y que no hubo del Gobierno ninguna orden de represión ni de excesos”, dijo a Radio Del Plata. Añadió además que deberá saberse “cómo ocurrieron realmente los hechos”.
Para él, el presentador de televisión Marcelo Tinelli fue también uno de los causantes de su dimisión. Y si bien dijo que “llevará el dolor por esas muertes” para siempre, también sostuvo que fueron parte del operativo para desplazarlo.
De la Rúa había declarado que la Policía respondía a órdenes de la jueza María Servini de Cubría. Pero, además, que no sabía lo que ocurría en los alrededores de la Casa Rosada.
En una de las pocas audiencias en las que declaró, dijo que en esos dos días: “No vi la televisión ni tampoco me asomé al ventanal de la Casa de Gobierno, absorbido por la crisis institucional”.
Si bien se liberó de esta causa, el ex Presidente deberá aún responder por casos de corrupción en su gobierno que duró del 10 de diciembre de 1999 hasta el 20 de diciembre del 2001.